El Tribunal Administrativo anuló en todas sus partes la resolución OAL-278-ADM-2015 de 2 de noviembre de 2015, en la que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) resolvió invalidar el contrato entre el Estado y la empresa Hidalgo & Hidalgo para el desarrollo del proyecto Riegos de Tonosí, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.
Ello, al "considerar que la entidad contratante [el Mida] no cumplió con el debido proceso legal para este tipo de actuaciones (...)", por lo que en consecuencia "resulta improcedente la declaratoria de inhabilitación de la empresa Hidalgo & Hidalgo".
Incluso señala que la empresa habría quedado "en estado de indefensión frente a los argumentos señalados por la Gobernación de la provincia de Herrera al no permitirle que presentara los descargos y pruebas que considerara prudente (...)".
Con esto, la resolución del Tribunal Administrativo confirmaría la versión de juristas que han denunciado violaciones al debido proceso en los procesos que se les siguen a exfuncionarios y empresarios.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) había finalizado el contrato para el estudio, diseño y construcción del sistema de riego del Valle de Tonosí, con base en una auditoría de la Contraloría General de la República.
No obstante, el Tribunal Administrativo ordenó "devolver el expediente administrativo al Mida, que contiene 18 tomos, y el informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, compuesto de 10 tomos".
Incluso advierte a las partes que "esta resolución agota la vía gubernativa y contra la misma no admitirá recurso alguno, salvo la acción que corresponda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia".
La medida tomada por el Tribunal Administrativo despierta otras interrogantes sobre la actuación de funcionarios y los efectos penales que pueda producir en los exfuncionarios y empresarios que se encuentran implicados.
Confirma que las autoridades no hicieron las cosas bien.
El exprocurador general de la nación, Rogelio Cruz, explicó que "esta resolución confirma que las autoridades no hicieron las cosas bien, y todo parece indicar que la resolución no entra a detallar si existían méritos para dejar sin efecto el contrato, no entra en este aspecto de fondo, sino que se hizo de mala manera".
"Obviamente hay que ver esa resolución cuidadosamente para ver los efectos que tiene en el futuro, y una vez ejecutoriada es evidente que el contrato de Hidalgo & Hidalgo cobra vigencia porque sí anuló la resolución que cancelaba el contrato y sigue vigente como estaba antes", detalló Cruz.
El jurista aclaró que este caso no interviene jurídicamente en el procedimiento penal abierto actualmente, y pone al Estado en una situación en que tiene que ver qué va a hacer, si seguirlo cumpliendo o intentar una resolución del contrato siguiendo los pasos que no cumplió la vez anterior.
Sostuvo que existen varios detenidos, como el excandidato a diputado Porfirio Ellis, y órdenes de detención de personas que han estado fuera del país.
"En cuanto al tema penal, propiamente no altera la situación penal de las personas sindicadas en el expediente", apuntó.
La exprimera dama Marta Linares de Martinelli opinó que el "Gobierno debió seguir el proyecto Riegos de Tonosí, en lugar de satanizarlo. Lo correcto era corregir y seguir".
El próximo 6 de junio sería la audiencia de este caso, y por el que ya exfuncionarios como el exministro del Mida, Emilio Kieswetter, recibieron una medida de país por cárcel, tras más de dos meses en detención preventiva.
Además de Ellis, en este caso recibieron detención preventiva el director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, y el exministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Óscar Osorio, el exadministrador de la Autoridad de Tierras, Franklin Oduber, y el exvicepresidente de Panamá, Felipe Virzi.
También estuvieron vinculados los directores Albán Crespo, quien estuvo detenido desde mayo de 2015 y Juan Hurtado. Además el periodista Julio Miller, quien recibió país por cárcel.
