Una advertencia del ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, de no permitir protestas frente a la sede de la Policía Nacional, confirmaría que su designación ha tenido un objetivo represivo.
Esto quedó evidenciado cuando simpatizantes de Cambio Democrático (CD), que esperaban la liberación de la presidenta encargada del partido, Alma Cortés, recibieran una dura respuesta de unidades antimotines.
Ese día se detuvo a un activista del partido de la provincia de Colón, quien fue golpeado y arrastrado durante los incidentes.
Luego las autoridades del partido en oposición se presentaron a la sede de la Policía para gestionar la liberación de su copartidario, pero no se conocía sobre su paradero.
No conforme a ello, Daniel Cunampio Tocamo, quien supuestamente es efectivo de la Policía, presentó una denuncia contra la administración pública.
La investigación fue llevada por la Fiscalía Auxiliar de la República, que en menos de 24 horas fue activada.
Antecedentes
Una de las estrategias usadas por el Gobierno para frenar los pronunciamientos de manifestantes ha sido ubicar en puestos claves a figuras con formación militar.
También a través de las políticas empleadas por el presidente Juan Carlos Varela, lo que preocupa a un importante sector de la población, que vivió de cerca la época de la dictadura de los militares.
Ello desde la Presidencia de la República, donde comanda Rolando "Picuiro" López Pérez, exmiembro de la escuela militar Eloy Alfaro de Quito, en Ecuador.
De entre los cuadros de "Picuiro" han salido los nuevos encargados de entidades de seguridad, como el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional, Aduanas, Migración y el Sistema Penitenciario.
Inclusive, el presidente Varela ha señalado que ya ha ubicado al menos 9 militares como jefes jerárquicos. "Tengo muchos oficiales retirados de la Fuerza Pública respaldando al Gobierno, y los que están dispuestos, los recibimos con mucho gusto".
