Una auditoría ordenada por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell,
contra el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, y el director del antiguo Programa de Ayuda Nacional y ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, por contratos fraccionados por varios millones de dólares, serían la especie de humo que necesita el Gobierno para alivianar las críticas.
Así evaluaron los expertos el mal manejo que han recibido las denuncias contra dichos funcionarios, tras ordenar compras fraccionadas que superan un monto de 20 millones de dólares.
Ante esto, el ministro Etchelecu aseguró en la Asamblea Nacional que el dinero utilizado del PAN para la compra de equipos del programa Techos de Esperanza era parte de un traslado que fue realizado previamente.
