Posición
- En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá rechazamos cualquier medida de presión como instrumento para imponer posturas, especialmente, si estas afectan a terceros. Reiteramos que el diálogo es la solución para la atención de conflictos. Mauricio De La Guardia /Presidente encargado CCIAP
Aunque, en Panamá, obstaculizar el libre tránsito de vehículos se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años, aún no se registra ninguna persona condenada por este delito.
Así lo aseguró el abogado penalista, Benito Mojica, quien mencionó que la manifestación es una expresión en la vía pública por parte de los ciudadanos y no puede considerarse propiamente como un delito.
“No es un delito y menos una falta, ya que la Constitución permite el reunirnos y manifestarnos; se convierte en delito cuando comienza a ocasionar daños, debe existir un dolo”, dijo.
El abogado explicó que para procesar a una persona por la violación de esta norma, deben existir pruebas de la obstaculización de la vía o los daños a la propiedad pública o privada.
“Los manifestantes deben llevarse en primer lugar a una autoridad policial o a la Fiscalía Auxiliar, y de allí se pasan a una personería donde se les toman declaraciones y se les levantan cargos de oficio”, dijo.
Por su parte, Rolando Ortiz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), indicó que esta ley es una forma de coartar la libertad a la libre protesta.
Ortiz, quien junto a dos compañeros fueron condenados en 2002, por atentar contra la personalidad interna del Estado, tras obstaculizar el paso a los vehículos frente a la Universidad de Panamá, en protesta por el alza del pasaje del transporte público en la capital, indicó que cerrar las calles es la última alternativa que utilizan las personas para hacerse escuchar. “Las comunidades cierran calles cuando no se les atienden sus afectaciones. Luego de ir, tocar puerta y solicitar, las personas usan este método como última alternativa”, indicó.
El Ministerio Público (MP) abrió 22 expedientes por homicidios, vandalismo, robos, abusos policiales y otros delitos tras las protestas y enfrentamientos que se dieron en Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá por la aprobación de leyes entre 2010 y 2012. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha sido llamado a juicio.
