Panamá
El organismo internacional tiene de seis a 10 meses para entregar su informe final, pero la presidenta de la junta directiva de la CSS espera que a mediados del año, existan herramientas para reanudar el diálogo.
Los cambios propuestos en el diálogo y los que se propondrán luego del informe de la OIT podrían quedar para el próximo gobierno. Foto: Archivo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya mandó un informe preliminar de que ha podido avanzar con relación al análisis financiero y actuarial que realiza sobre la Caja de Seguro Social (CSS)
La representante empresarial en la Junta Directiva de la entidad, Aida Ureña de Maduro, confirmó la información, al tiempo que recordó que con base en el contrato suscrito entre el Estado y el organismo regional, este tiene de 6 a 10 meses para entregar su informe final.
Sin embargo, espera que a mediados del año ya puedan contar con información que les sirva para reactiva el diálogo nacional por la CSS, que está en receso, debido al análisis que realiza la OIT.
“Esperamos que a mediados de año podamos tener algunas estimaciones o herramientas que se puedan utilizar para reactivar el diálogo”, enfatizó Maduro, quien preside la Junta Directiva de la CSS.
La empresaria consideró que la institución requiere soluciones, no solamente en la relacionado a su sistema de pensiones, sino en los otros programas que administra la CSS, en los que su sector ha hecho aportes.
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“El sector empleador ha generado propuestas en otros temas que no son IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) y que no requieren cambio en la ley, sino que ayuden a una mejor gobernanza de la institución”, precisó.
En diciembre pasado, la mesa plenaria del diálogo entregó al director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, y a la junta directiva, el resultado de lo trabajado en la mesa de Administración y la de Prestaciones Económicas, de Salud y Riesgos Profesionales.
Esperando el informe de la OIT quedaron las mesas que discuten el programa de IVM y la que debe formular aportes para incorporar a la seguridad social a los trabajadores independientes, formales e informales.
El Estado gestionó un contrato con la OIT para realizar este análisis, cuyo costo es de 178 mil dólares.
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