Un informe de Naciones Unidas para la prevención de la tortura señala que Panamá tiene un retraso de al menos 5 años en la implementación de mecanismos efectivos para velar por los derechos de los privados de libertad.
Esta realidad transfiere una mala calificación no solo al Sistema Penitenciario, sino también al propio Gobierno central y a entidades como la Defensoría del Pueblo.
De hecho, la importancia de la Defensoría del Pueblo en este tema quedó evidenciada al ser una de las instancias con las que se reunió en Panamá la delegación de la ONU, además de autoridades de Estado y representantes de la sociedad civil.
En los 13 lugares de privación de libertad que visitó el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) se encontraron testimonios muy similares en cuanto a quejas de las personas privadas de libertad sobre el irrespeto a sus derechos y las paupérrimas condiciones carcelarias que soportan, comenzando con el histórico hacinamiento.
Esto motivó a que la ONU recomendara a Panamá reactivar de una vez por todas el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, adecuar la tipificación del delito de tortura, reforzar las defensas públicas y mejorar las condiciones de La Joya y La Joyita.
Estas recomendaciones se hicieron desde agosto del año pasado, pero la situación de los privados de libertad no varía sustancialmente al día de hoy.
El criminólogo Marco Aurelio Álvarez reconoce que la vigilancia y las denuncias sobre este tema no son competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, afirma que es imperativo que esta entidad asuma su rol.
"La Defensoría representa a la sociedad en temas como este que no se está cumpliendo", advirtió el criminólogo.
Insistió en que una revitalización de la labor de la Defensoría dentro de las cárceles será vital para que Panamá cumpla con acuerdos internacionales de los que es signatario, como las llamadas Reglas Nelson Mandela, que establecen aspiraciones mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos.
Roberto Sanguillén, del movimiento de los derechos humanos de los privados de libertad, concuerda con el informe de la ONU y expresa de manera contundente que los privados de libertad en Panamá están "huérfanos de defensa pública".
Por su parte, la exdefensora del pueblo Patria Portugal señala que la Ley N.°7 de 5 de febrero de 1997 (que conformó esta entidad) obliga la defensa de los derechos humanos en los grupos más vulnerables, incluidos los privados de libertad.
Portugal reconoce que no es una labor fácil porque se entra en contacto con el drama humano, pero que es obligante y necesaria.
Por lo pronto, todavía no se hacen públicas estrategias estatales definidas o planes de vigilancia de la Defensoría del Pueblo que permitan advertir que se dará un cambio para revertir los "hallazgos sólidos" que informó el Subcomité para la Prevención de la Tortura en Panamá.
