La Comisión Europea (CE) instó ayer a sus miembros a avanzar en sus propuestas para combatir la evasión fiscal, y a pactar una definición de “paraíso fiscal” que permita crear “listas negras” para actuar contra los países que acogen a los evasores.
La pronunciación ocurrió luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) publicara un avance de la investigación que ha realizado por 15 meses.
El informe, realizado en base al acceso a 2.5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros “escondites” en alta mar, reveló cómo una lista larga de empresarios y políticos evadieron el fisco de países europeos y de Estados Unidos.
Todo consiste en la desviación de capitales a través de jurisdicciones llamadas paraísos fiscales.
Panamá no escapó a ser mencionada en la publicación, al indicar que algunos sobornos a funcionarios venezolanos fueron canalizados a través de paraísos fiscales en las Islas Caimán, Suiza y Panamá.
“Panamá siempre se menciona como paraíso fiscal sin serlo, ya que paraíso fiscal es un país que atrae a inversionistas extranjeros ofreciéndoles ventajas sobre los nacionales, y en Panamá la ley fiscal es igual para todos, sean panameños o extranjeros”, dijo Eduardo Morgan, perteneciente a la firma de abogados Morgan & Morgan.
En defensa de Panamá, Morgan comentó que “los paraísos fiscales no somos nosotros, son ellos, pero hay una campaña sostenida, porque estos países de la Ocde no quieren que países como Panamá compitan en el ámbito financiero”.
Vínculos
Los venezolanos Francisco Illarramendi, quien es la cabeza de una firma de inversión con sede en Connecticut (EE.UU.), y Moris Beracha, quien en 2008 fue asesor de Rafael Isea mientras era ministro de finanzas, en ese momento, en el gobierno de Chávez, junto a un financiero cercano a Chávez crearon un esquema Ponzi (pirámide) para desviar dinero de inversores a paraísos fiscales, según la investigación.
En la publicación se indica que el dinero captado por Illarramendi y Beracha iba a las Islas Caimán, Suiza o Panamá, para después ser usado en sobornos a funcionarios venezolanos.
Según los documentos estudiados, el esquema se derrumbó en 2011 y “se comió parte de los fondos de pensiones” de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La investigación del Icij indaga en las transacciones de unas 120 mil empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130 mil personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.
Los documentos analizados muestran “cómo el secreto financiero extraterritorial se ha extendido agresivamente en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los bien conectados evadir impuestos, y alimentando la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual”, según el Icij.
A raíz de esta investigación, salieron a relucir las historias bancarias en estos paraísos fiscales y sus protagonistas. En el informe se pusieron al descubierto algunos nombres prominentes junto con los registros de sus compañías. Los nombrados se presentan en forma de políticos, empresarios, generales del Ejército, magnates, familiares de los dictadores, y están dispersos en 29 países.
Entre las historias reveladas están la del primer ministro de Francia, François Hollande, quien habría hecho transacciones durante la campaña presidencial de 2012, y la del empresario Jean-Jacques Augier, en las Islas Caimán.
Funcionarios del Gobierno filipino anunciaron ayer que el informe revela que María Imelda Marcos Manotoc, la hija mayor del fallecido dictador Ferdinand Marcos, fue beneficiaria de un fideicomiso secreto offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
“Nosotros tenemos el deber de investigar y en función de los resultados preliminares decidir si se continúa”, dijo Andrés Bautista, presidente de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno, encargado de la recuperación de la supuesta riqueza mal habida de la familia de Marcos, a un periódico internacional.
Otra de las revelaciones que levantó polémica fue la de la institución financiera más grande de Alemania, Deutsche Bank, la cual ayudó a sus clientes a mantener más de 300 empresas secretas y fideicomisos extraterritoriales, a través de su sucursal en Singapur.
Entre los nombres que conformaron la lista se encuentra el de un prominente abogado canadiense, esposo de una senadora liberal del mismo país, quien trasladó $1.1 millones a paraísos fiscales secretos.
