Pinchazos, la celeridad de un caso camino a la nulidad

El hecho de que el magistrado Harry Díaz haya presentado un escrito de acusación antes de imputar cargos en el caso de los pinchazos telefónicos, demuestra que existe una intención de darle celeridad a un caso que está comenzando a generar vicios de nulidad.

A estas conclusiones han llegado abogados consultados, luego de la audiencia que se registrara el pasado viernes 11 de diciembre, cuando el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, declaró en rebeldía al expresidente Ricardo Martinelli.

Abel Zamorano, si se declara impedido, no tendrá reemplazo. / Archivo

Carlos Carrillo indicó que la actitud de Mejía confirma el acto de nulidad cometido por el magistrado Díaz con la presentación del escrito de acusación, sin leerle los cargos a Martinelli.

Dimas Guevara, exfiscal con más de 30 años de trabajo en el sistema de administración de justicia, se mostró sorprendido de cómo un magistrado haya desconocido un elemento fundamental como fue el no considerar la imputación para presentar el escrito de acusación.

José Ayú Prado también dejaría el puesto vacante. / Archivo

Dijo Dimas Guevara que en los casos donde se está empleando el Sistema Penal Acusatorio (SPA), si a un fiscal del Ministerio Público se le ocurre acusar sin realizar imputación es objeto de una denuncia penal.

Señaló que antes de pensar en llevar a una persona a condena, se requiere que se cumpla con las reglas del juego.

Presiones y ofrecimientos denuncia testigo clave de la fiscalía por pinchazos

Estas reglas, destaca Guevara, son los procedimientos garantistas que provee el Código que reglamenta el SPA.

Por lo pronto, la decisión contra Martinelli no será en 2015.

Sin embargo, en las redes sociales se activaron las alarmas, cuando se conoció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia haría una sesión extraordinaria para tratar el tema de Ricardo Martinelli.

Al final, la reunión fue para establecer la metodología a seguir, para tratar las solicitudes que se han presentado a lo largo de este controversial proceso.

Entre las decisiones está el establecimiento de una fecha de audiencia para determinar las medidas en este caso.

Esta decisión confirma la tesis de Carrillo, quien determinó que cualquier acción que tome el Pleno, debe hacerse mediante audiencia pública y cumpliendo la figura de la oralidad.

Comentó el jurista, que el principio del Código Procesal Penal es que los actos se realizan mediante audiencia pública, bajo la figura de la oralidad.

Carlos Carrillo, al referirse a la audiencia del pasado viernes 11 de diciembre, la calificó como un hecho lamentable para la administración de justicia.

"No se trata de Martinelli, se trata de la justicia", destacó Carlos Carrillo, al referirse a la controversia que se dio en la audiencia del pasado viernes.

Carrillo dijo que Jerónimo Mejía le impidió explicar los argumentos de su solicitud de nulidad que había interpuesto la defensa de Martinelli, situación que demuestra que el proceso no se está realizando con las reglas del juego claras.

Al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrían que declararse impedidos para decidir cualquier acción en contra del expresidente de la República Ricardo Martinelli en el proceso sobre los pinchazos telefónicos.

La razón es porque violarían el principio de imparcialidad que establece el Código Procesal Penal, advirtió el abogado Carlos Carrillo, quien forma parte de la defensa del exmandatario.

Carrillo indicó que se trata de los magistrados Hernán De León, Oydén Ortega y Abel Zamorano, quienes por ser fiscales en otros procesos en que se menciona a Martinelli, no pueden participar en la reunión del Pleno para decidir medidas, en este caso de los pinchazos que se sigue en la Corte Suprema.

Esto ocasionaría que se produzcan dos ausencias en el Pleno ante una sesión dirigida a tomar decisiones concretas en este caso.

En el caso de Abel Zamorano, quien es magistrado suplente y está en calidad de interino, de declararse impedido no tendría quién lo reemplace.

Igual ocurre con José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ya se declaró impedido en el caso de los pinchazos y con la muerte del magistrado Gabriel Fernández, se quedó sin suplente para que lo reemplace en una sesión determinante a tomar decisiones concretas sobre medidas en el proceso de los pinchazos.

Esta situación fue advertida por juristas, como es el caso de Miguel Antonio Bernal, quien reconoce que es ilegal que el Pleno incompleto decida el futuro de este proceso judicial.

A juicio de Bernal, el Pleno no puede tomar decisiones al respecto, hasta que se nombren los suplentes que hacen falta para completar el pleno de la Corte.

Se trata de dos suplentes que para ser nombrados se requiere de un protocolo mediante el cual participan los tres órganos del Estado.

Ángel Álvarez, abogado que forma parte de este proceso como querellante, se unió a las voces de que no podrá haber decisión en el caso, si no se cuenta con un Pleno completo.

"No debe haber celeridad, por eso se requiere de un Pleno debidamente confirmado", manifestó el jurista.

Presiones y ofrecimientos denuncia testigo clave de la fiscalía por pinchazos

Las denuncias sobre la existencia de presiones y ofrecimientos para la fabricación de testigos fue otro de los escándalos que rodean el caso de los pinchazos telefónicos.

Jaime Agrazal habría sido el testigo clave para acusar al expresidente Martinelli.

Quien fuera exagente de Inteligencia reveló que estaba en el proceso, porque primero había recibido ofrecimientos de ayudarlo en el proceso penal que tiene en su contra.

Pero, luego de ser trasladado de la cárcel pública de Chiriquí a la ciudad de Panamá, iniciaron las presiones, reveló Agrazal, quien habría comparecido al despacho del magistrado Harry Díaz.

Detectan grupos de choque afines al Gobierno para sabotear protestas

El dirigente del opositor partido Cambio Democrático (CD) Luis Eduardo Camacho denunció la existencia de un grupo de choque afín al Gobierno del presidente Juan Carlos Varela, al que denominó los “Varelapadis”.

Reveló Camacho que este grupo habría planeado sabotear la manifestación pacífica que realiza todos los lunes el Movimiento SOS Panamá en los predios del Edificio Avesa para exigir la libertad y justicia para los presos políticos del régimen varelista.

Camacho hizo esta advertencia en su cuenta de Twitter y destacó que “Varelapadis”, citados a Iglesia del Carmen, para luego intentar sabotear protesta de SOS en Avesa; demostremos que no nos intimidarán”.

Afortunadamente, la manifestación del Movimiento SOS se desarrolló sin mayor contratiempo.

Camacho sostuvo que no es la primera vez que “Varela y su gobierno utilizan ‘Varelapadis’ contra las protestas opositoras”, intentando sabotear y confrontar las manifestaciones pacíficas, legítimas y democráticas, las cuales, al parecer, les molestan.

El dirigente advirtió que Varela y su administración no solo se identifican con el gobierno represor del presidente venezolano Nicolás Maduro, sino que ha puesto en práctica en Panamá sus tácticas de persecución política e intromisión en otros órganos del Estado, aprendidas de su homólogo venezolano.

“El presidente Varela y su gobierno no quieren que haya oposición en Panamá, por eso persigue a la oposición como Cambio Democrático; incluso, hasta periodistas han sido amenazados y encarcelados, y esta es la suerte de todos aquellos que se atrevan a criticarlo.

Camacho dijo que esta es la práctica del presidente Maduro en Venezuela, que Varela ya está implementando en nuestro país donde ya vivimos lo que fue la nefasta dictadura militar.