El presidente de la República, Juan Carlos Varela, mintió al señalar que ninguno de los asesores legales del Palacio de las Garzas tiene acceso a los expedientes o se ha vinculado a la investigación de las escuchas telefónicas que maneja el Ministerio Público.
Incluso, Varela también negó al diario La Prensa que exista una componenda para perjudicar a sus adversarios políticos.
Varela se refería, precisamente, a los expedientes que se le abrieron al exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y al exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.
Pero las declaraciones de Varela se contradicen con los hechos, tras conocerse que uno de los abogados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad adscrita al ministerio de la Presidencia, revisa a diario el expediente de las escuchas telefónicas y participó directamente en la inspección ocular que representantes de la Fiscalía Segunda Anticorrupción practicaron a las instalaciones del Consejo de Seguridad, el pasado 18 de diciembre.
Se trata de David Hidalgo, quien fue nombrado como abogado por Varela el 1 de septiembre de 2014, con salario de 2,000 dólares mensuales, de acuerdo con la información que pudo confirmar Panamá América.
“Él revisa a diario el expediente, lleva papelitos y mensajes a la fiscalía”, denunció el abogado de Alejandro Garuz, Cristóbal Arboleda, en un claro caso de intromisión del Ejecutivo y que es parte del denominado “Plan Varela”.
En el caso de la inspección judicial realizada por los supuestos pinchazos telefónicos participaron como testigos y en calidad de funcionarios de la institución, Elvin Ortiz e Iris González.
Además, participó en la inspección ocular, el abogado Hidalgo, quien sin ser parte o haber sido convocado, los funcionarios de la fiscalía le permitieron tener actuación en la misma y manifestar fuertes amenazas contra Alejandro Garuz, uno de los imputados en este caso.
Tras ello, el abogado de Garuz presentó ante la fiscal segunda anticorrupción, un escrito con todas las observaciones que pudo encontrarle a la inspección ocular.
Arboleda cuestionó fuertemente la participación de Hidalgo en la inspección ocular.
Explicó que la misma se realizó en un ambiente de intriga, cuchicheo y secretismo entre los funcionarios de la fiscalía, del Consejo de Seguridad y el abogado enviado por la Presidencia de la República.
“Lo que más grave resulta es el hecho de que la persona que dijo ser abogado de Asesoría Legal del ministerio de la Presidencia, intervenía activa y abiertamente, corregía y señalaba a los testigos, con la complacencia de los funcionarios de la fiscalía”, señaló Arboleda.
Dijo que al pedir que se le prohibiera a Hidalgo ser parte de la inspección ocular, el funcionario de la Presidencia le respondió: “abogado, haga lo que usted quiera que su cliente será condenado”.
“Ante semejante afirmación, solicité que la misma fuera consignada en autos, pues representa un señalamiento grave e impropio de un funcionario, más aún, si se toma en cuenta que es este quien dice ser funcionario del Ministerio de la Presidencia. Esta elemental solicitud fue desoída por los funcionarios de la fiscalía y, en efecto, no consignaron dicha situación”, manifestó Arboleda.
Incluso, Arboleda afirmó que en el acta de la inspección ocular, los funcionarios de la fiscalía intentaron poner afirmaciones que uno de los testigos no había dicho.
Una de las testigos advirtió que en el acta se hacían decir cosas que ella nunca dijo, como el tema de la existencia de unos “routers”.
Denuncias de Martinelli contra Varela se escucharán en el exterior
El expresidente Ricardo Martinelli anunció que iniciará esta semana una gira internacional para denunciar la persecución política en su contra por parte del gobierno de Juan Carlos Varela.
La iniciativa incluye una gira, acompañado de otros dirigentes de Cambio Democrático, por Centroamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa, donde se reunirá con autoridades y líderes políticos.
Araúz: manejo de expediente debe ser prudencial
Un grupo de abogados cuestionó la participación de personas ajenas en las investigaciones del caso de las escuchas telefónicas. Peor aún cuando se trata de funcionarios.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, manifestó que el Ministerio Público (MP) debe garantizar que los expedientes sean de acceso para las partes, los abogados y los juristas que tengan interés en el expediente.
Araúz dijo que habría que preguntarle a David Hidalgo, abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita al ministerio de la Presidencia, cuál es su interés en revisar el caso de las escuchas telefónicas o si representa algún interés en conflicto dentro de ese expediente.
“Pero, por tratarse de un expediente sensible, el manejo del expediente debe ser sumamente prudencial por parte del Ministerio Público, ya que en ese expediente hay mucha información en cuanto a la intimidad de muchas personas”, destacó el vicepresidente del Colegio de Abogados.
Araúz indicó que es responsabilidad del Ministerio Público garantizar que el acceso a ese expediente, “solo sea para quienes tienen un interés legítimo”.
El jurista también dijo que sería interesante averiguar si el abogado de la Presidencia tiene autorización para litigar por su propia cuenta, ya que ahora mismo responde a una institución pública.
Mientras, el abogado Ernesto Cedeño señaló que lo más probable es que Hidalgo no se identifique en los despachos de instrucción como funcionario de la Presidencia de la República, sino como abogado.
Indicó que es un asunto netamente administrativo que el abogado de la Presidencia haga este tipo de revisiones en horas laborales.
CD denunciará agresión a tratado del Parlacen
Los diputados de Cambio Democrático (CD) ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprovecharán la próxima reunión del organismo regional para presentar varias denuncias contra el gobierno de Juan Carlos Varela.
Los hechos que denunciarán los diputados Lourdes Cortes, Charlotte Bronzino, Elizandro Hernández y Jorge Ábrego son intromisión en otros órganos del Estado, violentar la voluntad popular, terrorismo jurídico y persecución política de dirigentes del colectivo opositor.
Según explica un comunicado del partido, con las denuncias se entregarán muchas evidencias de estos actos contra los dirigentes de CD y funcionarios de la anterior administración.
Otro hecho que será denunciado en la reunión del foro regional es la supuesta presión, ante las instancias legales, del presidente Juan Carlos Varela para que se viole el tratado constitutivo del Parlacen.
Para que la Corte Suprema de Justicia proceda a investigar a cualquier diputado que representa a Panamá en el Parlacen se requiere de la aprobación de este organismo, lo cual se expresa a través del levantamiento de la inmunidad.
Según los diputados de Cambio Democrático, el procedimiento para aprobar o desaprobar la solicitud está definido en el Reglamento Interno del organismo centroamericano, por lo que cualquier proceso que ignore este requisito estaría violando el tratado constitutivo suscrito entre los países miembros del Parlacen.
“Es necesario aclarar que no existe diferencia en el procedimiento para los diputados que obtuvieron su condición en razón de una candidatura al de aquellos que la obtuvieron en razón del ejercicio del cargo de presidente o vicepresidente de la República”, aseguró Jorge Ábrego.
- 1 semana se cumple de la detención de Garuz y Pérez.
