¿Confirma la necesidad de modificaciones a la ley la concesión de servicios al Estado a favor de una empresa ligada al contralor?
Este es un asunto de conflicto de interés. Eso ya está normado en la Constitución y en la Ley de Contratación Pública. Y también en el Código de Ética. Es decir, no creo que requiera más legislación de la ya existente. Pero lo que sí creo es que si el empresario Federico Humbert quería seguir haciendo negocios con el Estado, no debió aceptar ser contralor.
¿Cómo evalúa la distancia que él ha tomado de este tema?
Lógicamente, él no podrá firmar esos contratos, así que lo tendría que hacer la subcontralora. Por eso señalo que es un asunto ético, y para eso está el Código de Ética del Servidor Público.
¿Qué opciones hay?
Seguramente se va a ‘curar en salud’, y va a designar a otro funcionario para que esté al frente de cualquiera documentación relacionada con esta concesión de combustible.
¿Acaso es un ejemplo de que lo legal no siempre es moral?
La Constitución es clara. Prohíbe firmar contratos de este tipo en la dependencia donde trabaja el funcionario. En el caso de Humbert, no tiene que firmar contratos, porque lo hará el Ministerio de Economía y Finanzas. De modo que allí no hay impedimento jurídico. Haciendo la salvedad de que él no podría refrendar el contrato, sino otro funcionario. Insisto, es un asunto de ética.
¿Está Humbert en su derecho de hacer negocios con el Estado?
Totalmente. Pero ante esa potestad de hacer negocios con el Estado debió sopesar el ofrecimiento de ser contralor, para que tuviera la libertad de fiscalizar los actos sin declararse impedido, como ahora tendrá que hacerlo. Es un asunto del deber del funcionario.
Entonces, no necesita modificación la Ley de Contrataciones Públicas?
Por supuesto que sí. Necesita modificaciones a montón. Hay que eliminar aspectos que permiten contrataciones directas, por citar solo un ejemplo. Pero en el punto que hace referencia concreta al conflicto de interés no requiere modificaciones. Porque eso se compensa con lo que dice la Constitución y el Código de Ética.
¿Y en el caso del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, que dice que las asesorías se dan es en el MEF?
Él está en lo correcto. Las asesorías que ofrece la firma de abogados Igra se dan en el Ministerio de Economía y Finanzas, y Álvaro Alemán es el titular del Ministerio de la Presidencia.
Ahora bien, lo que él no podrá aceptar es ningún tipo de asesoría por parte de Igra en el Ministerio que él dirige. Jurídicamente, eso es así, aunque muchos lo tachen como una falta ética.
¿Indignación ciudadana?
Eso sí. Yo le llamo ‘el deber ser’. Para evitar estos casos habría que reformar la Constitución; y no creo que se haga. Entonces, tanto en el caso del contralor, en el que a una empresa relacionada con él se le favorece con un servicio estatal millonario, como en este de la asesoría al MEF, se trata otra vez del tema ético, y cada quien debe decidir.
