Sociedad

Policía dentro de cárceles no resolverá el problema

El tiroteo que se dio dentro de la cárcel Monte Esperanza en Colón dejó en evidencia un vulnerable sistema penitenciario que no está en capacidad de...

  • 23 cárceles hay en Panamá, de las cuales 8 funcionan dentro de cuarteles policiales.
Investigación por gallos de pelea en La Joyita aún no arroja responsables
  • El Sistema Penitenciario inició una investigación administrativa por el caso de gallos de pelea hallados en La Joyita. Sharon Díaz, subdirectora del Sistema Penitenciario, dijo que es preliminar en estos momentos determinar a los responsables. El Ministerio Público lleva una investigación penal por el hallazgo del arma de fuego, también se encontraron computadoras y teléfonos celulares.

El tiroteo que se dio dentro de la cárcel Monte Esperanza en Colón dejó en evidencia un vulnerable sistema penitenciario que no está en capacidad de controlar todo lo que entra a los penales.

El escenario desafiante por parte de los privados de libertad provocó la reacción inmediata del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien anunció el incremento de la presencia de la Policía Nacional dentro de las cárceles del país.

 

Se trata de una medida que no es para nada nueva, según reconoce el propio ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.

“Ya de hecho hay unidades de la Policía Nacional que están en todos los centros penitenciarios del país, lo que se está modificando es que exista una policía penitenciaria de apoyo al Ministerio de Gobierno”, destacó el ministro Aguilera.

 

Cifras que maneja el Sistema Penitenciario revelan que en las tres cárceles más grandes del país –La Joya, La Joyita y Monte Esperanza, en Colón–, en las que se alberga al 70% de la población penitenciaria, hay presencia de policías, no solo en el perímetro, sino también dentro del mismo penal.

Al parecer, el anuncio de las autoridades demuestra que la puesta en marcha del plan de una policía penitenciaria que ha ideado el Gobierno es más de lo mismo.

Luis Gordón, exdirector del Sistema Penitenciario, reconoce que la medida como plan de emergencia es buena, porque es necesario mantener el control en las cárceles.

 

Sin embargo, es consciente de que la acción corre el riesgo de ser fuertemente cuestionada porque es violatoria de la Ley 55 orgánica del Sistema Penitenciario, que hace referencia clara a la labor única que tiene la Policía Nacional en un penal y que es custodiar solamente la parte perimetral de las cárceles.

También la ley establece la creación de una policía penitenciaria, la cual debe ser formada dentro de las filas de los custodios civiles, a los que se les da escalafón salarial y de rango.

A pesar de esta realidad, Aguilera le puso fecha de inicio a la nueva policía penitenciara, aseguró que esta misma semana empezará a funcionar y será como un grupo élite dentro de la misma Policía Nacional.

 

Aguilera asegura que la medida de la policía penitenciaria es debido a que los custodios civiles han tenido sus fallas. “Los custodios civiles, en algunas áreas, necesitan ayuda y los policías son quienes suplirán estas necesidades”, destacó Aguilera.

Esta medida es contradictoria con la realidad del sistema penitenciario, según reveló el abogado Roberto Sanguillén, quien es defensor de los derechos humanos de los privados de libertad en las cárceles.

A juicio de Sanguillén, el origen del problema que se está generando en los penales, por la introducción de artículos prohibidos y armas de fuego, tiene mucho que ver con la presencia de miembros de la Policía Nacional como custodios en las cárceles.

“Hagamos un ejercicio: las personas que visitan los penales pasan por varios puestos de control, los abogados y hasta los propios custodios civiles, entonces, la pregunta que me hago es ¿quién revisa a los policías?”, destacó Sanguillén.

Y es que la interrogante de este jurista es corroborada por colegas suyos, familiares de reclusos y hasta las propias autoridades.

“Ellos entran como Pedro por su casa y nadie los revisa”, dijo la señora Luzmila, una mujer que aparenta unos 50 años y quien desde las seis de la mañana llegó al complejo penitenciario La Joya y La Joyita, y no fue hasta las nueve de la mañana que pudo ver a su nieto.

Sharon Díaz, subdirectora del Sistema Penitenciario, reconoce que algo así está ocurriendo y que es una situación de corresponsabilidad dentro de las cárceles, es decir, la participación de policías y custodios en estas irregularidades. Sin embargo, asegura se está trabajando para encontrar una solución. “Hay que llevar una línea de que todos deben pasar por revisión”, indicó Díaz, al detallar que ya hay conversaciones con quienes dirigen la Policía.

El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, conoce bien el problema, porque al ser cuestionado sobre la posible participación de policías, no lo niega, pero dice que es por esa razón que se ha nombrado al comisionado David Ramos para detectar estos problemas.

“Ese es el tipo de cosas que va a revisar el comisionado Ramos”, dijo Aguilera, al hacer alusión a las quejas sobre la poca transparencia que tienen los custodios policiales en las cárceles.

David Ramos, hasta hace poco, ocupó el cargo de secretario general de la Policía Nacional y fue quien dirigió el operativo sorpresa que se realizó en la cárcel La Joyita, en donde se encontró de todo, desde celulares, computadoras, armas de fuego hasta un área para la crianza de gallos de pelea.

Aguilera dijo que este caso y el de Monte Esperanza en Colón ya están en manos del Ministerio Público, por lo que prefirió no revelar cuántas unidades de la Policía Nacional y de custodios civiles están envueltas en este escándalo.

Lo que sí es real, dice Sanguillén, es que hay más policías que custodios involucrados en corrupción dentro de los penales.

 

Revisarán contrato de bloqueo de señal móvil en La Joya y La Joyita

Los celulares son los artículos que más se introducen en los centros penitenciarios, especialmente en los complejos penales La Joya y La Joyita.

Una muestra fue la reciente requisa que se dio en días pasados, en la que se logró decomisar 74 celulares, de los cuales 51 eran de alta tecnología.

Esta información suena irónica si tomamos en cuenta que existen bloqueadores de señales de celulares en estos penales.

La realidad es que los detenidos han burlado este sistema de bloqueo, por esta razón las autoridades han anunciado que van a revisar los contratos con la empresa encargada de instalar los equipos interceptores de señales de celular.

Otras de las ironías de los bloqueadores de señales es que al funcionar afectan áreas aledañas a las cárceles, perjudicando la comunicación de los vecinos, pero los detenidos dentro de los penales pueden hablar sin ninguna interferencia a la hora de hacer llamadas o usar la data.

Sharon Díaz reconoce esta situación y señala que cuando las nuevas autoridades del Sistema Penitenciario llegaron al cargo, hicieron una serie de pruebas y se logró determinar que la empresa contratada para instalar los bloqueadores de señales realizó una mala colocación de los aparatos, por lo que algunos han sido vandalizados y otros no son efectivos.

Fuentes dentro del penal aseguran que los presos se las han ingeniado para comprar aparatos tipo router para obtener señales de data y de esta manera les alquilan el servicio a los compañeros de cárcel.

Para ello, el Ministerio de Gobierno ha asignado una delegación para que revise toda la contratación para ver de qué forma la empresa se hace responsable para que se optimice el servicio.

 

Piscinas en las cárceles para realizar bautizos

Hay objetos que entran al penal como legales, pero luego de estar allí por cierto tiempo, se hacen ilegales.

Ese es el caso de la piscina en la cárcel pública de David, Chiriquí, que fue introducida para realizar una labor de bautizo para la Iglesia evangélica, según reveló Sharon Díaz, subdirectora del Sistema Penitenciario.

“Se entiende que la piscina entró con un fin y se utilizó para otro”, dijo Díaz al explicar que las investigaciones preliminares demuestran que hubo un mal manejo en el uso de este artículo.

En la investigación se busca establecer si la responsabilidad del mal uso de la piscina fue por parte de las autoridades o por la Iglesia evangélica que la solicitó para un fin religioso.

Dijo que el uso de la piscina en los penales no es de sorprenderse porque es un artículo autorizado solo para las labores de bautizo entre evangélicos.


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América