- 6 meses es el tiempo que pide la ATTT para poner orden en el transporte.
Operativos
- 247 multas impusieron agentes de la ATTT desde el 1 de septiembre a la fecha por placas vencidas.
- 138 placas decomisadas en el mismo periodo, destaca un informe dado por la ATTT.
Comisión de alto nivel renegocia contrato de concesión con Mi Bus
- La crisis que se generó en el sistema de transporte por el incumplimiento de la empresa Mi Bus y la consecuente aparición de la piratería provocó que el Gobierno armara una comisión de alto nivel para renegociar el contrato con la empresa. Las partes responsabilizan a las debilidades en el contrato que no logran optimizar el servicio. En la negociación no se descarta el rescate administrativo, según dieron a conocer las autoridades.
La mutación del sistema
- En 2010 se inició el proceso de modernización, pero las deficiencias en el sistema metrobús provocó la aparición de la ilegalidad.
Justo cuando un grupo de conductores piratas aupados por líderes transportistas ruedan sin dificultad por el área de concesión dada por el Estado a Mi Bus, surge una nueva petición que podría triplicar el gasto estatal para completar el proceso de modernización del transporte público en la capital.
Fue en la mesa de trabajo de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional donde los directivos de las prestatarias sobrevivientes solicitaron a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se cumpla con el proceso de compensación a los transportistas y empresas de transporte. Para eso desempolvaron el artículo 2 de la Ley 42 del 22 de octubre de 2007, que reforma la ley de transporte público de pasajeros y de la ATTT.
Sin divagar, el abogado Fernando Morales, rodeado de un grupo de transportistas, expresó el vacío que dejó el proceso de compensación y, ante la presencia de los diputados de la comisión y del subdirector de la ATTT, Rubén Chávez, leyó el artículo 2 de la ley para exigir que se rescate íntegramente la legislación.
El párrafo sexto del artículo destaca: “La participación de los transportistas dentro del nuevo sistema de movilización masiva de pasajeros en las rutas metropolitanas se dará vía acciones o administración y manejo de rutas alimentadoras afectadas”.
Agrega: “En todo caso, la autoridad establecerá los parámetros de la indemnización para los transportistas o las empresas de transporte ya existentes que no puedan o no quieran continuar dentro del nuevo sistema que va a implementarse”. Morales, que representa a las empresas de transporte y en particular al Transporte Metropolitano Santa Librada con 120 unidades, asegura que unas 27 prestatarias tendrían que ser indemnizadas en la capital “para acabar con la proliferación de los ‘piratas’ y el creciente desorden en las calles que protagonizan transportistas en su mayoría ya compensados”.
Según dice, el “error” que ahora escapa de las manos de la ATTT “es que se compensó por unidad y no por empresa... Las empresas siguen vivas y seguirán inscribiendo unidades; y esa es la razón de la proliferación de buses que circulan amparados bajo un permiso de inscripción”.
La petición pasó a manos de la dirección de Asesoría Legal de la ATTT. “Allí se le dará el trámite y la consulta necesaria para determinar si la interpretación de la ley es esa o no. Esas son decisiones que la entidad debe tomar, pero que tienen que ser bien pensadas”, declaró el subdirector Chávez.
De acatarse la solicitud transportista, el Estado tendría que volver a desembolsar una millonaria cifra de dinero para compensar a las empresas dedicadas al negocio del transporte.
En la ATTT aún no hay registros exactos del gasto global que hizo la administración pasada para llevar adelante el proceso de modernización con el ingreso de 1,200 metrobuses y la instalación de 27 zonas pagas. En la entidad informan que levantan una auditoría para determinar la precisión de la cuantía.
Fuentes cercanas a la entidad revelan que se trató de una inversión que raspa los $100 millones en la compensación a buses “diablos rojos” a razón de $25,000 y $35,000 por unidad.
Para ilustrar el posible desembolso estatal, cuenta Morales, la ATTT tendría que depurar la lista de prestatarias que aún sobreviven, solicitar la justificación de operación, gasto y dividendo anual para promediar a cinco años una cifra de indemnización. De concretarse la petición, corresponderá a la entidad fijar los mecanismos para continuar con el proceso.
Alternativa
Otra de las opciones que baraja la ATTT, y que ayer dio a conocer en un primer acercamiento que hicieron los directivos de la entidad con la prensa, fue la de llevar a licitación el servicio de transporte en las rutas internas o alimentadoras. Las prestatarias interesadas en el servicio podrían optar por participar.
“No solo les hemos hecho la invitación a las empresas distribuidoras de autos, sino que además les hemos extendido la invitación a las prestatarias para que se ajusten a las exigencias relacionadas con el servicio y participen del proceso de licitación”, informó el asesor de la entidad y también dirigente del Movimiento 23 de Octubre, David Ramírez.
Según dijo, próximamente se darán a conocer las especificaciones técnicas y de seguridad que las empresas interesadas tendrán que cumplir para participar del proceso. “Las empresas que resulten seleccionadas tendrán que ajustarse a las rutas donde terminan las troncales, ya concesionadas a Mi Bus”, dijo.
El reclamo transportista, según los propios actores, acabaría con el nacimiento paralelo del servicio en rutas donde circula el metrobús. “Esto es semejante a un árbol de naranja. Si solo se cosechan las frutas y no se derriba el árbol, no hay garantía de que ese árbol no siga pariendo”, comparó el dirigente Sergio Molina, de la prestataria de Tocumen, al referirse a la aparición de buses en rutas que ya fueron compensadas.
Mientras la propuesta es analizada por la ATTT, hay sectores de los usuarios que califican la intención como una “desfachatez” de los transportistas y de la ATTT si cae en el juego.
Víctor Martínez, quien ha interpuesto cuatro recursos de nulidad contra el contrato 21-10 de agosto de 2010 ante la Corte Suprema de Justicia, objetó la posibilidad basado en que la experiencia que dejó “el proceso de compensación no fue la más transparente y menos porque no dieron los resultados esperados”.
“No es lo correcto”, declara enfáticamente el abogado representante de los usuarios del metrobús. Según dice, la promesa de acabar con la anarquía se esfumó, “y ahora la idea de exterminar a las prestatarias a través de una compensación no tiene el respaldo ni la garantía de que los usuarios realmente cuenten con un servicio de calidad como se propuso el Gobierno”.
A Aydé Paredes de Chiu, que fue representante de los usuarios ante la ATTT, la noticia le cae pesada. “Sería aplaudir el caos con dineros del Estado. Estoy muy preocupada por lo que ocurre en el sector transporte”, dijo.
Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de los Usuarios, se escuda en las leyes vigentes, y opta porque las autoridades las acaten sin caer en el rejuego de los transportistas que solo viven del sacrificio de los usuarios. “La población sigue ansiosa por un servicio de calidad y pareciera que será una espera eterna”, se quejó la dirigente de los usuarios.
