- 22 productos alimenticios serán regulados a partir del mes de julio.
El anuncio del congelamiento de precios de 22 productos de la canasta básica alimenticia genera dudas y temores entre los productores, debido a que no han sido consultados ni informados sobre esta medida.
La promesa de campaña del presidente Juan Carlos Varela también crea dudas en los economistas Juan Jované y Felipe Chapman.
El decreto presidencial que emita Varela el primer día de su mandato congelando los precios, como establece el artículo 284 de la Constitución Nacional, deberá basarse en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que “dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia...”.
El artículo 199 de la citada ley señala que la medida es de carácter “excepcional” y “temporal” por un término máximo de seis meses, prorrogable por dos periodos iguales, solo cuando se demuestre que persisten las causas que motivaron el congelamiento.
Agrega que el Ejecutivo tiene que fundamentar su decisión “solo en situaciones en que se advierta la existencia de restricciones al funcionamiento eficiente del mercado o el inicio de una conducta monopolística generalizada, por uno o varios agentes económicos con poder sustancial sobre el mercado pertinente, que constituya una amenaza inminente contra el consumidor y la libre competencia, a fin de lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor”.
La ley indica que el congelamiento “solo” podrá decretarse sobre productos cuyo arancel de importación exceda el 40%.
El catedrático Juan Jované alertó en Panamá América que varios de los productos incluidos en la lista tienen aranceles inferiores al que plantea la ley y por ello quedan fuera del ámbito de la posible regulación.
Sostiene que las lentejas y los porotos colorados tienen 0% de arancel; el arroz en empaques menores a cinco kilos, 15%; la leche, 20%; los huevos, 5% y las pastas, entre 5 y 10%.
Recordó que esta medida debe ser consultada antes de su implementación con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), institución que, afirmó, no está capacitada para fiscalizar efectivamente la regulación de precios.
La ley indica que el Ejecutivo deberá, durante el término en que estén congelados los precios, adoptar medidas para eliminar las imperfecciones del mercado que causaron la medida.
Al levantar el congelamiento, el Ejecutivo deberá fundamentar que, efectivamente, desaparecieron las citadas imperfecciones.
La fórmula, según la ley, que deberá usarse para fijar los precios radicará en un costo máximo de venta, usando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado o el precio nacional, el que sea más bajo de los dos. A esto se le agrega un margen de utilidad global razonable, según las características comerciales del producto y el mercado nacional.
Por su parte, el economista Felipe Chapman aseveró en canal 13 que congelar precios es un “error” y no beneficiará a los consumidores.
Chapman precisó que la raíz del problema es que en Panamá aumentó la demanda sin que ocurriera lo mismo con la oferta, lo que ha creado un “desequilibrio fuerte”. Agregó que la solución es invertir en el agro, pero advirtió que los resultados no serán inmediatos.
Temor en el agro
La fórmula que plantea la ley es desconocida por una buena parte de los productores, quienes temen no obtener márgenes de ganancia razonables.
Los arroceros chiricanos tienen incertidumbre porque desconocen cómo se congelarán los precios sin que los afecte, dijo Gabriel Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH).
“Estamos esperando reunirnos con el presidente Varela para que nos explique de qué forma se va a implementar sin que nos afecte más a los productores, que atravesamos una crisis en la actualidad”, advirtió.
“Nosotros tuvimos una reunión antes y él nos manifestó que la regulación es para beneficiar a los consumidores, pero estamos esperando que explique cómo se tomará la medida para que no se afecte a los productores”, sostuvo.
Aseveró que esta incertidumbre está incidiendo en el financiamiento de las casas comerciales y los bancos, los cuales están a la espera de conocer qué va a ocurrir con esta medida.
Los arroceros de Los Santos también están preocupados. Héctor Ortega, productor de Tonosí, indicó que si se congelan los precios del arroz, también se deben congelar los de los insumos que se utilizan.
Indicó que cultivar una hectárea les cuesta $2,100, por ello tienen que vender a $25 cada quintal de arroz cosechado. El margen de ganancia, es de entre $100 y $150, lo que considera poco para el trabajo que demanda esta faena agropecuaria.
Indicó que ellos quieren saber la fórmula que usará el nuevo gobierno para congelar los precios, porque hasta ahora nadie sabe cómo lo van a hacer.
Por su parte, Santiago Esquivel, arrocero de Alanje, sostiene que este año se cultivaron 300 hectáreas y, sin el control, enfrentaron serios problemas para vender, por ello están preocupados por lo que pueda pasar con esta medida.
‘Hay que optimizar los mercados y la cadena de comercialización’
Arnulfo Simití, cebollero de Natá, explicó que para ellos el problema es la comercialización de los productos, porque los costos de producción por hectárea superan los $8,500. “En los supermercados, la cebolla no baja de precio, cuesta entre 70 y 80 centavos la libra, mientras los intermediarios quieren darnos solo 20 centavos”, se lamenta.
Mientras, José Lorenzo, presidente de la Asociación de Ganaderos de Chiriquí, admitió que en su gremio existe preocupación por la propuesta, ya que la forma de abaratar costos en la canasta básica no es a través del control de precios, sino con mecanismos como conseguir productos de calidad a precios más accesibles, optimizar los mercados de abastecimiento o mejorar la cadena de comercialización y la agroalimentaria.
“Esta medida nos preocupa ya que nos podría afectar. Si se controlan los supermercados, estos controlarán las plantas procesadoras y estas, a su vez, lo harán con los ganaderos, que terminaremos pagando los platos rotos, porque nos bajaría el precio de compra”, enfatizó.
Dijo que ellos venden el animal en pie, por lo que la aplicación del control a varios cortes de carne podría hacer que las plantas procesadores les reduzcan el pago.
El precio actual es de $1.75 y $1.80 el kilo del ganado macho, y $1.65 y $1.70 el de ganado hembra. No obstante, en los supermercados, el aumento de la carne en los últimos meses ha sido superior al 25%.
En la provincia de Colón, la situación es similar. En el mercado la libra de yuca se vende a 40 o 50 centavos; el plátano, a 35 centavos; el ñame, a $1.50 la libra, y el otoe, a $1.50.
No obstante, estos mismos productos sufren un incremento considerable en las tiendas y supermercados, sin que los productores se expliquen por qué.
Agricultores: el problema está en intermediarios
Juan Martínez, de El Pajonal de Coclé, manifestó que la yuca que él vende a 30 centavos la libra a los intermediarios, es comercializada por estos a 50 centavos en el mercado.
Añadió que la libra de ñame la vende a 60 centavos en su casa, pero en el mercado lo hace a 85 y 90 centavos porque hay que pagar los $5.00 del transporte de El Pajonal a Penonomé.
Explica que en un día de trabajo se paga a los peones entre $10.00 y $12.00, de 7:00 a.m. a 12:00 m.d., y que en una hectárea se necesitan más de 10 jornaleros, mientras que el saco o quintal de abono está a $30.00.
Los productores coclesanos afirman que es costoso producir, pero advierte que el problema central del encarecimiento para el consumidor está en la comercialización.
Recomiendan que la medida del nuevo gobierno vaya dirigida específicamente a este aspecto.
