Las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al expendio de fármacos, agrupadas en la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (UNPROFA), expresaron su profunda preocupación ante el nuevo proyecto de ley presentado por el diputado Javier Sucre Mejía sobre los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987.
El gremio cuestionó que se introduzca una nueva propuesta legislativa al funcionamiento de la mesa de diálogo establecida tras el veto presidencial a un proyecto anterior, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo consensuado con el sector.
Impacto en las pequeñas y medianas farmacias
El anteproyecto propone elevar el descuento en medicamentos del 20 % al 25 % y mantiene la aplicación del beneficio sin exigir prescripción médica. Aunque plantea una compensación financiera para las microempresas, el gremio advirtió vacíos críticos sobre la sostenibilidad del resto de los comercios.
UNPROFA advirtió que "facturar más no significa ganar más", subrayando que las pequeñas y medianas farmacias comunitarias manejan márgenes reducidos y costos operativos muy elevados.
El documento señala que no existe claridad técnica ni reglamentación sobre cómo operará el sistema de compensación planteado ni cómo se garantizará la inclusión de las Pymes.
Exigen concluir mesa de diálogo y exigir receta médica
Ante este escenario, la directiva de UNPROFA, firmada por su presidente Orlando Pérez, solicitó de forma pública suspender el avance de nuevas propuestas hasta concluyan las sesiones de la mesa de trabajo coordinada por la diputada Sherly Castañeda.
Asimismo, el gremio reiteró una de sus condiciones fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria y la salud financiera del sector.
"Exigimos que el descuento en medicamentos quede vinculado a una prescripción médica, como medida indispensable para proteger a los pacientes, prevenir la automedicación y promover el uso racional de los medicamentos", cita el comunicado firmado por Pérez.
UNPROFA reiteró su disposición a construir soluciones sostenibles, pero advirtió que no respaldará nuevas normas que pongan en peligro la continuidad de las farmacias comunitarias en todo el territorio nacional.
