- 4 años se cumplen este año de haber entrado a operar la concesionaria.
Multas
- 1,140 dólares diarios fue la primera impuesta por la ATTT en abril de 2013.
- 34,440 dólares sumaba la multa en junio de 2013.
- 344 mil 400 dólares fue la última que se impuso.
La horma en el zapato de empresa
- En diciembre se anunció una próxima sanción por 600,000 dólares, con el pasar del tiempo no se ha hecho efectiva.
El servicio que ha brindado la empresa Mi Bus (Transporte Masivo de Panamá, S.A.,) a los 700 mil panameños no llena las expectativas del gobierno saliente ni del entrante. Si en algo coinciden ambos es en la mora que persiste para responder a la demanda de usuarios del distrito capital y San Miguelito.
Hace dos días el presidente de la República, Ricardo Martinelli, volvió a poner en el tapete el tema de resolución del contrato a Mi Bus y se ofreció a asumir ese costo político antes de que entre el presidente electo, Juan Carlos Varela, porque aceptó, al igual que en otras ocasiones, que la empresa no ha cumplido y “está haciendo un pésimo trabajo”.
Muy por el contrario a dejar sin efecto el contrato N.° 21-10 del 5 de agosto de 2010, que se le adjudicó en el 2010 a la concesionaria por el orden de 269 millones de dólares, Varela apuesta a su propuesta de crear una autoridad metropolitana de transporte, adquirir como Estado la operación de los metrobuses por medio de la compra de las acciones a Mi Bus.
Dejar sin efecto este acuerdo o comprar las acciones debe ser una decisión que tiene que tomar el nuevo gobierno y no una iniciativa de la actual administración, afirmó el diputado panameñista José Luis Varela.
“Hay que esperar que el nuevo gobierno asuma para que tome decisión sobre si quiere o no continuar con Mi Bus, si quiere o no comprarle la concesión”, enfatizó el diputado.
El dirigente político sostuvo que el gobierno actual, a estas alturas del juego, debe mantenerse neutral y tratar de mejorar lo que pueda; pero no tomar ningún tipo de decisión radical.
El tema del transporte, aunado a otros, es prioridad para la administración del presidente electo, Juan Carlos Varela, afirmó el panameñista.
No obstante, expertos tienen opiniones diversas sobre si el escenario más propicio es que el Estado compre las acciones a la empresa o lleve adelante un proceso de resolución administrativa de contrato. Término que se debe utilizar para estos casos, según el abogado Ernesto Cedeño, quien ante la idea de comprarle a Mi Bus sus acciones comentó que no se puede forzar a que la compañía venda.
En todo caso -explicó Cedeño- este contexto se ve delicado, salvo que el Estado emita sumas millonarias que motive a la concesionaria a vender.
De acuerdo con Cedeño, el escenario más propicio es llevar el proceso de resolución y tomar control de la administración del sistema, donde solo habría que indemnizar por bienes y muebles y no por daños y perjuicios.
Después que esto se haga lo ideal -a juicio de Cedeño- es que el gobierno, respetando las normas legales, saque a licitación la operación y administración del metrobús, con la posibilidad que se abra a varios concesionarios. Incluso contemplar extender el servicio del metrobús hacia el este de la ciudad capital.
Jurídicamente esto se puede en la actualidad, porque Mi Bus incumplió con varias cláusulas del contrato, señaló Cedeño, quien destacó que esto no afectaría a los usuarios.
Existe la otra posibilidad de que el servicio no se paralice si la aseguradora, antes de la rescisión del acuerdo, aplica la fianza y se ofrezca a seguir mientras con la administración del servicio. “Es una triangulación, que es un poco complicada, pero el Gobierno lo puede resolver”, resaltó.
Opciones viables
Llegar a este proceso sería dilatador para resolver esta situación, argumentó Miguel Martínez, exsubdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ya que luego de abrirlo vendrían los descargos de la empresa y tomaría tiempo; incluso se pueden dar demandas y contrademandas y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Contrario a Cedeño, llevar esto adelante para Martínez supone un riesgo de peligro, porque se tiene el sistema funcionando y, ¿quién asumiría la operación de los 1,236 buses? Aparte, se corre el riesgo de pagar indemnización porque esto llevaría lucro cesante (lo que deja de percibir la empresa) y daño emergente (la afectación directa actualmente), agregó.
“Lo más factible es llegar a un acuerdo y ver cómo se mejora la operación, por el bien del usuario; y si se va hacer una transición, que sea coordinada”, manifestó. Un acuerdo que podría darse si se llega a comprar las acciones a la concesionaria.
Ahora mismo lo correcto sería corregir, porque tanta responsabilidad tiene el concesionario de operación como el Estado; puesto que aunque se estaba haciendo las obras esto afectó, dijo el exfuncionario.
En el caso de que el próximo gobierno se incline por adquirir la administración de los metrobuses se necesitaría llegar a una negociación, en la que en una mesa de trabajo se ofrezca un estimado al valor de rentabilidad y gastos de operación de la compañía.
La actual administración aduce haber cumplido con la responsabilidad que adquirió en el contrato y de invertir cientos de millones de dólares en acondicionar las estructuras que requería el sistema.
Al consultarle a Mi Bus sobre dejar sin efecto el convenio, prefirió no emitir comentario alguno.
La postura de la administradora hasta abril pasado sobre el tema, la cual dejó plasmada en un comunicado, es la siguiente: “Somos conscientes de que se han hecho importantes obras que han coadyuvado a la movilidad; no obstante, aún existen retos mayores para mejorar el tránsito de los autobuses (carriles exclusivos en las principales vías, patios y zonas pagas faltantes), lo cual dificulta la sincronización del servicio en todos los puntos de la ciudad”.
Al respecto, Martínez, quien también es abogado, señaló que la empresa ha hecho mérito para que le revoquen el contrato y que desde hace un año se debió adoptar esta decisión. Argumentó su posición en que incumplieron con la frecuencia de buses, el seguro de pasajero, se eliminaron rutas existentes, no existe un sistema para que personas con discapacidad aborden las unidades; sumado a esto, la cantidad de sanciones acumuladas que le ha impuesto la ATTT. Sanciones que ya suman los 400 mil dólares.
