Un rotundo rechazo por parte de juristas y políticos recibió el mecanismo establecido por el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, para la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con el simple hecho de que Varela e integrantes del Movimiento Independiente (Movin) estarán en conjunto en el primer filtro para seleccionar 10 candidatos, ya es bastante sospechoso y preocupante para la población.

También es muy cuestionable que el segundo filtro solo sea el Pacto de Estado por la Justicia, integrado por el Colegio Nacional de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Defensoría del Pueblo, ya que consideran que estos deberían ser los principales en la mesa de evaluación, ya que el llamado Movin no representa a la sociedad civil, y solo está por sus intereses.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, advirtió y planteó en Telemetro Reporta que si a Movin se le va a equiparar con el Pacto de Estado por la Justicia, el Colegio se retira del pacto y no avalarían esa consulta.

Agregó que quedó claro, por parte del representante del Órgano Ejecutivo, que las consultas a Movin o a cualquier otro grupo serán dentro del seno de lo que ellos harán allá.
"Movin había presentado su solicitud a más de unas semanas para ser parte del pacto", dijo Álvarez, alegando que en ese momento le llamó la atención que la nota no la firmaba nadie, sino que colocan Movin.
Por su parte, Maribel Gordón, economista y excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), considera que en este primer filtro se estaría eliminando a un conjunto de personas que están creyendo en un proceso que no es democrático y que tampoco cuenta con transparencia.
"Nosotros hemos sido claros, esto es una metodología que trata de cubrir lo que todo el mundo sabe, que el grupo económico vinculado al actual gobierno de Varela pretende ingresar a obtener curules como magistrados de la Corte Suprema de Justicia", asegura.
Deja claro que siempre han señalado que el problema es que la estructura de designación no ha sido modificada tal como fue la sugerencia o las definiciones que estaban planteadas desde la sociedad panameña.
En cuanto a Movin, alegó que este es un grupo de supuesta sociedad de independientes que se han atrevido a abrogar el derecho a definir, participar y tomar decisiones, cuando la verdad no representan a la mayoría de los panameños.
"Los magistrados los definen los grupos de poderes económicos, y los gobiernos avalan estos intereses", plantea.
Gordón, del extinto partido político FAD, insiste y se pregunta que a quién representa Movin, ya que ella está segura de que la mayoría de ellos no han pasado nunca por procesos de designación de las diversas organizaciones de la sociedad panameña, porque sus voceros son representantes de partidos políticos, mientras que algunos que se llamaron independientes hoy están en las estructura del gobierno de Varela.
Francisco Sánchez Cárdenas, expresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sostiene que el método que está utilizando el presidente Varela no es el mejor, ya que solo le da participación a un grupo de independiente, y así deja por fuera en el primer filtro a grandes panameños de los diferentes sindicatos y colegios, por lo que apela a que se hagan cambios.
Cree que no hay que buscar muchos candidatos en el Órgano Judicial porque hay una cantidad de gente muy capaz con una larga historia dentro de este Órgano del Estado.
"Pienso que estas escogencias faraónicas lo que están buscando es colar a alguien que no tenga historia en la Corte Suprema de Justicia, pero que sean afines de los personeros del Gobierno", dijo.
Sánchez Cárdenas vaticina que si Varela empieza a escoger a los magistrados de esta forma, queda reflejado que no se ha avanzado absolutamente nada.
El abogado y exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez fue más enfático en decir que este mecanismo es totalmente ilegal porque el presidente Varela está rompiendo con el orden constitucional al ceder facultades que expresamente le da Constitución Política a él.
Recomienda al mandatario que haga una serie de consultas y no decidir con base en lo que otros deciden.
"Parece que los que lo ayudaron en su campaña y los donantes son los que mandan", afirma Pérez.
Para Pérez históricamente estos grupos han tratado de meterse e influir en los gobiernos con ganas de quién sabe qué intereses.
"Es una facultad constitucional nombrar a los magistrados de la CSJ, lo cual lo tiene que hacer bajo su propia convicción al ejercicio de sus funciones como presidente de la República", puntualiza.
Destacó que este mecanismo no es constitucional y que todo se trata de un invento de los donantes de campaña, lo que evidencia la falta de capacidad para gobernar del mandatario panameño, Juan Carlos Varela.
Intereses del Movin en la Corte Suprema quedan en evidencia
Reuniones del Movimiento Independiente (Movin) con el magistrado de la CSJ Ayú Prado y la revisión de expedientes del Ministerio Público por parte de la Alianza Ciudadana son algunos de los actos que han generado el rechazo de diversos sectores.
Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, aseguró que estos grupos se han sobrepasado en sus pretensiones y son apoyados por un sector de los medios de comunicación.
Indicó que en cuanto a la intromisión en la elección de los magistrados, el Órgano Ejecutivo no debe permitirlo porque la ley es clara y especifica que deben ser elegidos por el Consejo de Gabinete y recomendados por el presidente para su aprobación en la Asamblea Nacional.
A su juicio, han estado interviniendo en los tres poderes del Estado violando la ley flagrantemente.
Recomienda a las autoridades pararse firme y no permitir más este tipo de violaciones, sobre todo, del Movimiento Independiente (Movin).
Por su parte, la abogada Edna Ramos dijo que sería una desgracia para el sistema judicial que se viniera a escoger a los representantes de la sociedad civil, ya que ninguno de ellos ejerce la profesión.
Considera que los próximos magistrados deben ser valientes, conocer del derecho, ser una persona capacitada e íntegra.
Sobre la sociedad civil, Ramos asegura que estos son amigos del actual gobierno y que también son células filiales de determinadas corrientes políticas que están trabajando para formar una opinión pública.
“Son ellos personas que nunca hemos visto entregar un minuto de su tiempo en beneficio de los demás y ahora son ellos quienes son santos y demonios”, agregó la abogada defensora de Adolfo De Obarrio sobre los grupos llamados independientes.
Agrupaciones presionan a magistrados
Bajo la campaña #JusticiaoRenuncia en redes sociales, grupos de la llamada sociedad civil, incluyendo al Movimiento Independiente (Movin) y Alianza Ciudadana, han presionado a los magistrados de la CSJ para que en teoría se haga una justicia en los casos de corrupción o que los mismos renuncien a su cargo.
Y es que esta campaña no es bien vista por todos los panameños, ya que la consideran muy rígida, ya que no deberían de estar oprimiendo a encargados de impartir justicia.
En el caso del exmandatario Martinelli han estado detrás de los magistrados para que agilicen el proceso. Mientras que en redes sociales publican tuits como "Movin se organizó en el 2014 para evitar la reelección disfrazada de @rmartinelli y lo logramos!", con este y otros mensajes claros dejan en evidencia su favoritismo al partido de turno.