Panamá se prepara para la llegada de empresas internacionales expertas en la exploración de yacimientos de petróleo con la presentación ante la Asamblea Nacional del anteproyecto de modificación a la Ley 8 de 1987 sobre hidrocarburos.
Con el fin de superar la dependencia internacional de los derivados del combustible, las autoridades encargaron un estudio que determinó la presencia de petróleo en el país.
El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, presentó ayer un proyecto que modifica la Ley 8 de 1987 que regula las actividades relacionadas con los hidrocarburos, ya que actualmente esta normativa no contempla el cobro de impuestos o regalías sobre la renta a ninguna empresa que recibe la concesión para la explotación de petróleo.
“La modernización de esta ley equipara las condiciones de Panamá a otros países latinoamericanos donde existe petróleo”, señaló Henríquez.
Destacó que con esta acción se envía una señal a las empresas internacionales expertas en explotar el petróleo de que Panamá ya está listo para la etapa de exploración para confirmar las conclusiones del estudio y su posterior explotación.
Estudio
El Estado, en aras de impulsar la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en el país, contrató a través de la Secretaría de Energía los servicios de consultoría de la empresa OTS Latinamerica LLC en 2011, para revisar y clasificar la información petrolera del país, evaluar la geología y el potencial petrolífero y revisar la legislación en esta materia.
De acuerdo a la Secretaría de Energía, los estudios realizados por la Empresa OTS Latinamerica LLC confirman la existencia de volúmenes de hidrocarburos (petróleo) en Panamá, ubicados en las cuencas Garachiné-Sambú y Bayano-Chucunaque-Atrato, ambas en la provincia de Darién.
Los resultados muestran que ambas cuencas tienen el potencial para el descubrimiento comercial de hidrocarburos, según se desprende de cálculos realizados por el consultor.
OTS Latinamerica LLC sugiere programar el proceso de licitación de las áreas exploratorias basados en la división de 4 bloques geográficos por cada cuenca.
Como resultado de la consultoría, la empresa OTS Latinamerica LLC elaboró un documento en el que recomienda al Estado modificar la Ley 8 de 1997 para así responder a las exigencias del mercado actual de los hidrocarburos, hacer al país más competitivo y atraer mayores inversiones.
“Ante la necesidad de contar con recursos energéticos propios y superar la alta dependencia de los derivados del petróleo, que encarecen los precios de los combustibles, el Gobierno Nacional ha impulsado los estudios para detectar yacimientos de hidrocarburos en su territorio”, confirmó la Secretaría de Energía al ser consultada sobre el proyecto.
Regulación
El anteproyecto presentado ante la Asamblea Nacional comprende un régimen legal y fiscal aplicable a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos más atractivo, que involucra cambios en la denominación del permiso y contrato de exploración y explotación de hidrocarburos.
Según lo estipulado, la selección del área para la explotación deberá hacerse dentro de los 90 días calendario siguientes a la fecha en que el contratista declare haber obtenido producción comercial.
El periodo de explotación será de 25 años contados a partir de la fecha en que se determine la producción comercial de un yacimiento. Así mismo, durante el lapso de explotación, el Estado y el contratista compartirán la producción neta, obtenida en el punto de entrega y medición acordada de los hidrocarburos, con un mínimo de 15% y un máximo de 30% para hidrocarburos líquidos, y un mínimo de 5% y un máximo de 15% para hidrocarburos gaseosos, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
También señala la modificación que durante la etapa de exploración, el contratista pagará tanto en tierra firme como en aguas interiores y en el mar un canon superficial anual de 0.25 por hectárea y 0.50 por hectárea durante la prórroga de dicho periodo.
Durante la explotación, el contratista pagará tanto en tierra firme como en aguas interiores y en el mar un canon superficial anual de $5.00 por hectárea y $10.00 durante la prórroga.
La inversión y los gastos durante la fase de exploración y explotación y volumen de producción serán verificados por la Secretaría de Energía.
