A pesar de ser un sindicado, Cristóbal Salerno, dueño de la empresa Cobranzas del Istmo S.A., recibió un trato especial de parte de las autoridades del Ministerio Público, luego de cumplir una indagatoria en la que acusó al expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal, de recibir dinero de las recaudaciones que hacía la Dirección General de Ingresos (DGI).
Tras destaparse un presunto escándalo de corrupción dentro de Cobranzas del Istmo, Salerno fue llamado a declarar por el Ministerio Público, pero luego de sus señalamientos directos contra Martinelli, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de la fiscal Ruth Morcillo, le otorgó una medida cautelar de casa por cárcel.
Pero además de aquel privilegio, Salerno no presentó prueba alguna de los supuestos maletines de dinero que entregó al exmandatario, quien se defendió por la red social Twitter: “Nunca he recibido participación alguna en ningún negocio de cobros al Estado, máquinas fiscales, pero en Panamá todos han hecho negocio con él”.
Para el equipo legal de Martinelli, la actuación de las autoridades frente a las acusaciones de Salerno demuestran que la justicia local está amañada y que actúa a empujones, así opina Rogelio Cruz, principal jurista apoderado del exmandatario.
“Es la misma situación que en el caso de Giacomo Tamburrelli. Una simple declaración ha servido para mandar copia de ese expediente a la Corte Suprema de Justicia para que admita el inicio de una investigación, y lo mismo va a ocurrir con este caso”, explicó Cruz.
De igual forma, la fuente contó que las autoridades deben tener en cuenta que para una acusación como la que realizó Salerno, la fiscalía tiene la obligación de requerir argumentos probatorios para sustentar dicha acusación.
Y es que la ley es clara, el artículo 488 del Código Penal Procesal, en el módulo sobre los requisitos de admisión de denuncias, se lee lo siguiente: “La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito a través de abogados, y para su admisibilidad deberá expresar lo siguiente: 1.Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido 2. Lugar y tiempo de su realización. 3. Prueba idónea del hecho punible imputado”.
Cruz añadió que “una declaración simple de un sindicado no es una prueba idónea del hecho punible que se le pueda imputar al expresidente”.
Para el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén, más allá de las declaraciones de supuesta corrupción de Salerno contra Martinelli, la ciudadanía está ante otro capítulo de la persecución política y la cacería de brujas desatada por el presidente Juan Carlos Varela.
“Esto es un caso más de justicia selectiva... ya el país sabe que Salerno acudió a la declaratoria junto con un alto dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y un miembro influyente de la Iglesia católica como garantía de que no iba ni para El Renacer ni para La Gran Joya”, indicó.
Agregó que hay un tráfico de influencias en esta “justicia selectiva”.
En tanto que Luis Eduardo Camacho, vocero del partido Cambio Democrático (CD) reiteró de forma irónica que el Gobierno está empecinado en aplicar el Sistema Varelista Vengatorio en referencia a las denuncias de persecución política que han hecho contra las nuevas autoridades.
“Si está siendo acusado de cualquier delito y desea ser liberado, solo debe inculpar a Martinelli”. Camacho también expresó su punto de vista en Twitter y alegó que la mayoría de los acusados por los escándalos de la administración pasada son obligados o coaccionados para perjudicar legalmente a Martinelli. “Autoridades no aceptarán acuerdos si acusados del delito que sea; no aceptan inculpar a Martinelli”.
Pero otros sectores, además de la inexistencia de pruebas, han criticado el hecho de que el hombre que involucra al exmandatario panameño es una persona a la que se le abrió un proceso, que posee prontuario delictivo y es premiado con una medida cautelar severa de casa por cárcel.
En este sentido, Armando Fuentes, defensa del exsecretario del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez, señaló que sí hay parcialización de las autoridades en los procesos contra exservidores públicos. Fuentes puso el ejemplo de su defendido que está detenido por un delito que no amerita esa medida.
“Si se está investigando por un delito con pena de dos a cuatro años, no debiera, y jurídicamente no cabe la detención preventiva; sin embargo, ahora vemos que se aplica y hace esa interpretación”, cuestionó. “Lo que es bueno para uno debe ser bueno para todos; si la ley establece que no cabe una detención preventiva para Bosco Vallarino, entonces tampoco cabe para Gustavo Pérez”, comentó.
Por su parte, el abogado Dimas Guevara afirmó que en la medida en que sea aplicada la ley igualitaria para todos, se tendrá un buen resultado, tanto para la fiscalía como para los acusados. “Lo que debe prevalecer es la igualdad para todas las investigaciones y para todas las partes, independientemente de la afiliación política y partidaria que exista. Es concentrarse en la objetividad del sistema panameño”, subrayó.
Por último, el expresidente del desaparecido partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, señaló que existen panameñistas que no han sido llamados a las investigaciones.
Martinelli niega haber recibido maletines de parte de Salerno
El expresidente de la República Ricardo Martinelli desmintió los señalamientos del comerciante Cristóbal “Tobín” Salerno. Martinelli dijo que es totalmente falso que haya recibido algún maletín con dinero por parte de Salerno. "Por salvarse él y a su hija, coaccionado por el Gobierno, dice lo que sea", escribió en su cuenta de Twitter.
El mandatario se refirió a las declaraciones de Salerno en su contra en una indagatoria.
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