Denuncias
- “El Siglo”
- El periodista Rafael Jiménez fue objeto de una detención por espacio de 12 horas por unidades de la Policía Nacional y hasta el momento no se conocen las causas de la misma.
- TVN
- La periodista Elizabeth González y su camarógrafo, Bolívar Jurado, fueron retenidos por unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), mientras filmaban vistas del Cerro Ancón, cerca de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional.
- “La Estrella”
- El Ministerio Público intentó realizar inspecciones oculares y tener acceso a los equipos de los periodistas de “La Estrella” y “El Siglo”, aunque luego revirtió sus argumentos originales para asumir esta decisión y reconocieron el principio de reserva de la fuente.
Opinión
- Edwin Cabrera
- Comentarista
Tensión
- Yo creo que el sistema de la libertad de expresión de los medios de comunicación ha sido una relación muy tensa, en estos cinco años del gobierno de Ricardo Martinelli.
- Una cosa es que haya sido tensa y otra cosa es que haya sido amenazada la libertad de expresión, creo que son dos temas diferentes.
- Yo que viví la época de la dictadura militar y que he estado agitándome en los medios democráticos después de este periodo, creo establecer claramente la diferencia entre estas dos.
- Ahora, la tensión que hay en este gobierno con los medios no es buena, ni es saludable, pero no por eso puedo concluir que la libertad de prensa en la Nación esté amenazada.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la sanción moral impuesta por el organismo consultivo del Pacto Ético Electoral a Panamá América como violatoria de derechos elementales como el de la defensa en este tipo de proceso.
En su informe anual sobre la libertad de prensa, la SIP calificó el proceso seguido al diario como violatorio al derecho a la defensa, “a ser notificado de las faltas que se le imputan y a gozar de un proceso en el que están las reglas claras y preestablecidas”.
En una reunión, celebrada el 4 de septiembre de este año, el organismo decidió sancionar moralmente al medio, debido a publicaciones aparecidas en el mismo, sobre un proceso de pensión que vincula al diputado panameñista José Blandón Figueroa, quien fue el que interpuso la denuncia contra Panamá América.
El candidato a alcalde presentó dos declaraciones de ingresos económicos totalmente diferentes como argumento para negar y bajar la solicitud de aumento de pensión hecha por la madre de dos de sus hijos.
Panamá América reportó solo información contenida en el expediente del caso que establece que Blandón y su exesposa no pudieron llegar a un acuerdo de conciliación.
Según el informe elaborado por la SIP para su asamblea anual, “la publicación reviste un interés público, porque se trata de un diputado y candidato a alcalde, lo que lo convierte en un potencial administrador de personal, fondos y recursos públicos en programas que tienen que ver con la familia”.
La sanción se impuso sin que estuvieran presentes los representantes de los gremios de periodistas. Además, en el reglamento del pacto no se consagra el mecanismo de ejecución para cuando se sanciona a un medio de comunicación social.
Este diario recurrió en varias ocasiones a Justicia y Paz para conocer los fundamentos de la sanción, sin embargo, fue infructuoso los días siguientes a la decisión del organismo.
El reglamento fue remitido después de una semana, mediante un correo electrónico, sin mayores explicaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa registra que el Pacto Ético “escondió y negó información a Panamá Américadurante el proceso y después de culminado, limitando su legítimo derecho a la defensa”.
Agregó que, posterior a este caso, el diario ha recibido “amenazas y ataques por parte del diputado y de su padre, quien es comentarista de televisión”.
En declaraciones anteriores, el jurista Ernesto Cedeño calificó al organismo consultivo del Pacto Ético como “inquisidor”, ya que en su reglamento permite que la Comisión de Justicia y Paz sancione moralmente al denunciado sin haberle escuchado previamente, en su defensa.
Hasta el momento, la sanción contra el medio se mantiene, aunque ya se ha solicitado una revocatoria de esta, por los vicios antes mencionados.
Otros hechos
El informe sobre el ejercicio del periodismo en la región también hizo referencia al caso del vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, quien increpó a un periodista del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) por una pregunta que le formuló como parte de su labor informativa.
Varela le señaló, en tono amenazante, al periodista Ricardo Peñalba que debido a que era un empleado público no podía hacer preguntas relacionadas a encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo año.
“No puedes hacerme esa pregunta, entendiste, entendiste, fui claro”, le dijo Varela al comunicador, actitud que fue criticada por gremios periodísticos.
Por otra parte, la Sociedad observa con preocupación la generalización de acciones en la jurisdicción civil que buscan obtener condenas contra los medios, sin que exista ninguna proporcionalidad entre el supuesto perjuicio y las sumas reclamadas, lo que a su juicio compromete el ejercicio periodístico.
En la actualidad están en proceso varias demandas contra los diarios Panamá América, La Estrella, El Sigloy La Prensa.
EE.
UU.
El comportamiento de la justicia en Estados Unidos contra comunicadores resaltó en la conclusión del principal encuentro de la SIP, celebrado, precisamente, en ese país.
Las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos en la potencia mundial motivó la preocupación de los directivos del organismo.
El Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas, por lo que la SIP instó al Departamento de Justicia a cumplir a cabalidad con las recomendaciones presentadas por las delegaciones del organismo que visitaron Washington en los últimos años.
Por otro lado, se estableció la creación de un grupo asesor interamericano de juristas de alta calificación y reputación en temas vinculados con la democracia, el Estado de derecho y las libertades de expresión y de prensa.
Este grupo promoverá el estudio comparado de las legislaciones restrictivas de las libertades de expresión y de prensa en los países del continente, así como las que puedan ser sancionadas en lo sucesivo, para que se recomienden acciones interamericanas por la defensa de los principios de la Declaración de Chapultepec.
También se propugna por la defensa de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido atacada en los últimos meses por varios Gobiernos, incluyendo el de Venezuela.
En su discurso, el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, calificó el panorama de la libertad de expresión y prensa como “bastante complicado y peligroso”, por lo que debe servir de motivación a la defensa de estos derechos y la formación de periodistas.
