Contratos directos, nombramientos y favores políticos obligan a los grupos organizados de la sociedad civil que en el pasado alzaban la bandera del rescate de la democracia, a mantener silencio absoluto tras casi tres años del gobierno de Juan Carlos, a pesar de arbitrariedades judiciales y contundentes escándalos de corrupción como compras irregulares en el IMA, el PAN, Miviot y Meduca.
A esto se suman negocios que han ido a beneficiar al círculo cero del presidente Juan Carlos Varela, entre ellas concesiones de generación eléctrica, plantas de gas, compra masiva de buses, compra de uniformes en la Policía Nacional, recolección de la basura hospitalaria y las preferencias por la empresa costarricense Meco en las obras de infraestructura.
El último ingrediente a las libertades del gobierno de Varela frente a la ausencia de voces críticas en los grupos de la sociedad civil es el escándalo Odebrecht, empresa que en este gobierno ha recibido grandes contratos como la Línea 2 del Metro de Panamá, la Renovación Urbana de Colón y el revestimiento de las aceras en Bella Vista. Todo al margen de las investigaciones que desde los inicios de la administración Varela ya se realizaban en Brasil contra Odebrecht.
De todos los grupos, Movin sería el menos imparcial, ya que desde las elecciones de 2014 tomó partida a favor de Varela, ya que el mismo es financiado por el empresario Stanley Motta.
Motta ha negado ser donante de la campaña de Varela, pero parte de su círculo de colaboradores en sus empresas privadas aparecen en las donaciones a esta campaña.
Varela solo ha tenido que enfrentar las críticas de algunos dirigentes de oposición y de algunos medios de comunicación a los cuales ha tratado de neutralizar con amenazas políticas, auditorías fiscales e investigaciones del Ministerio Público que se iniciaron con expedientes armados por el Consejo de Seguridad a cargo del militar Rolando López.
Uno de los casos más recientes es el denunciado por la diputada de oposición Zulay Rodríguez, quien asegura que actualmente intentan armarle un expediente judicial para neutralizarla.
Movin se alimenta del liderazgo de algunas figuras de otras organizaciones civiles que también han sido neutralizadas con nombramientos o contratos en el Gobierno.
El ofrecimiento de cargos en el gobierno de Varela incluyó al expresidente del diario La Prensa Fernando Berguido, nombrado embajador en Italia con más de 7,000 dólares de salario. Berguido se mantuvo en el cargo por dos años y medio y renunció oficialmente el mes pasado junto a María Mercedes Corró, exsubdirectora de La Prensa.
De todos esos grupos, solo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Asuntos Similares (Suntracs) y los educadores han logrado mantener su independencia hasta ahora.
Dentro de la lista de dirigentes de la sociedad civil nombrados por Varela resalta el de Mariano Mena, exsecretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) y vocero del desaparecido Frente Amplio por la Democracia (FAD), quien fue nombrado con 5,000 dólares en el puesto de asesor en el Ministerio de Gobierno.
Su designación ignoró que Mena fue acusado por su hijastra de maltrato familiar, un caso que se encuentra en manos de las autoridades.
Varela también nombró como secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a Samuel Rivera, abogado de la CGTP. El año pasado, Rivera fue trasladado a otro cargo público: director del Inadeh.
Pero además, Rivera fue el abogado de los trabajadores de la empresa Varela Hermanos S.A., que entabló la denuncia por incumplimiento de salario mínimo contra la licorera.
Sobre su caso, Rivera dijo en enero de 2015 que al aceptar el cargo en el Mitradel se separó de su puesto en el sindicato al que pertenecía y dijo que ahora le toca a otra persona ocupar su lugar.
Manifestó, en ese entonces, que toda figura que llegue al Gobierno, ya sea por un partido político u otra vía, tiene la misma obligación de servirle al pueblo.
"Yo no vine al Gobierno a servirme a mí, sino al país y eso lo voy a sustentar en todo momento hasta mi salida", apuntó el asesor de uno de los sindicatos de línea dura al gobierno de Ricardo Martinelli.
Además, Rivera señaló que a los nuevos líderes de la sociedad civil les tocará denunciar los casos de corrupción que se dan en todos los gobiernos.
Varela también debilitó la beligerancia de la Fundación para la Libertad Ciudadana, representante de Transparencia Internacional en Panamá, al nombrar a su presidenta ejecutiva como la nueva zarina anticorrupción.
Recientemente, Carlos Gasnell también renunció a este cargo en la Fundación para la Libertad Ciudadana.
A la lista de beneficiados con nombramientos o contratos se suma la cacica Silvia Carrera, ya que su hijo fue nombrado embajador en Bolivia.
El excontralor Alvin Weeden también tiene a dos sobrinos nombrados en el Gobierno: Augusto Arosemena, ministro de Comercio e Industrias y George Weeden como embajador en Costa Rica.
Comportamiento
La mayoría de los antiguos líderes y caras visibles de la sociedad civil mantiene la política de hacer señalamientos hacia los gobiernos anteriores, sin hacer referencia a los actos de corrupción que se han descubierto en la gestión del presidente Juan Carlos Varela.
A finales del año pasado se realizó en nuestro país la 17° Conferencia Internacional Anticorrupción, la cual contó con la participación de decenas de países y tuvo un costo millonario que fue avalado por el Gobierno, a pesar de que muchos sectores independientes cuestionaron y efectividad y utilidad.
7
mil dólares en salario cobró durante 2 años Fernando Berguido (expresidente de "La Prensa") como embajador en Italia.
5
mil dólares recibe Mariano Mena para asesorar en el Mingob.
