La defensa del exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón volvió a insistir en que el Ministerio Público formule un cuestionario al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sobre su participación en el supuesto caso de corrupción de la empresa Cobranzas del Istmo.
Ayer, en la diligencia de careo en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en la que el empresario Cristóbal Salerno y Luis Cucalón expusieron sus versiones, el abogado de este último, Víctor Chan Castillo, hizo énfasis en la necesidad de que se aclare la participación del funcionario, así como del exministro Alberto Vallarino.
Chan Castillo manifestó que para la comparecencia de los próximos declarantes -cerca de 22 implicados- se ha solicitado que el orden sea ministros, viceministros y otros.
“Nosotros, la defensa, respetuosos de los procedimientos, estamos pidiendo la comparecencia de De La Guardia”, manifestó.
Carta
A su vez, el abogado Carlos Benítez, miembro de la defensa de Cucalón, indicó que es de suma importancia que el actual ministro Dulcidio De La Guardia declare su versión de los hechos.
“Que explique. Es muy mencionado en esta investigación, y asumía su cargo como viceministro”, destacó el abogado.
Añadió que existe una nota en la que el entonces viceministro de Finanzas le pidió en abril de 2011 a Ramsés Barrera, procurador general de la Nación encargado en ese entonces, una aclaración sobre el procedimiento de contratación pública utilizado para el contrato que favoreció a la empresa Cobranzas del Istmo.
Este nuevo elemento se suma a la polémica del pago de 7 millones de dólares que realizó este gobierno a la empresa entre diciembre y enero, a pesar de estas inquietudes que, desde ese entonces, presentaba el actual titular de Economía.
De La Guardia ha manifestado que está dispuesto a presentarse ante las autoridades o responder mediante cuestionario las interrogantes que tengan que hacerle.
En declaraciones a la fiscal del caso, Ruth Morcillo, Luis Cucalón, en su indagatoria, también declaró que el ministro De La Guardia no realizaba sus instrucciones acordes con la ley.
Cucalón fue más allá, al asegurar que pidió al entonces viceministro que dejara por escrito la ejecución de los cobros, al ser su jefe inmediato, lo que produjo diversos choques.
Proceso
Con la diligencia de ayer se buscaba comprobar la denuncia presentada por Salerno de haberle entregado 5.8 millones de dólares a Cucalón como “coima” para facilitar los trámites de pago a su empresa.
El cara a cara de los implicados comenzó a las 8:15 a.m., no obstante, a la 1:30 p.m. la diligencia entró en receso, para ser reanudada a las 2:30 p.m., y se extendió hasta las 6:30 p.m.
La defensa de Cucalón adelantó que quedaría pendiente el testimonio de 22 exfuncionarios, entre ellos, el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino y De La Guardia.
Añadió que los imputados se ratificaron en sus declaraciones y con ello, ahora, se espera que se indague a otros testigos, para que aporten las pruebas.
Según declaraciones de Luis Cucalón, el empresario Cristóbal Salerno habría negociado con el Partido Panameñista su juicio, para implicarlo.
Esto sería a cambio de que fuera desvinculada su hija, Alessandra Salerno.
Estos hechos se remontan a 2010, cuando todavía fungían como ministro y viceministro Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia, respectivamente.
En la declaratoria del exjefe de la DGI, este aseguró que Salerno recibió visita de partidarios panameñistas, para negociar su declaración.
Además, evaluó que las declaraciones del empresario Salerno corresponderían a una estrategia de quien catalogó como su antiguo socio y amigo.
Incluso, reveló que tenía un presentimiento de que se había concertado un acuerdo para el intercambio entre él y la hija de Salerno.
No obstante, las respuestas de Salerno y Cucalón se contradicen, por lo que debió darse un careo entre estos imputados.
María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno, era la apoderada legal de la empresa en momentos en que fue firmado el contrato con la empresa Cobranzas del Istmo.
Nuevas personas fueron vinculadas en el expediente, luego del careo de ayer.
Cucalón, además, habría manifestado que las declaraciones del empresario Salerno corresponden a su condición de padre de familia, mas no puede actuar de esa forma, porque se trata de la reputación de la gente.
Al igual que el exdirector de la DGI, Salerno ingresó a la Fiscalía Anticorrupción por la rampa del edificio Avesa, sin embargo, al concluir su diligencia, sus abogados evadieron a los medios de comunicación y no brindaron declaraciones, en contraste con los de Cucalón, quienes estuvieron anuentes a brindar detalles sobre la diligencia.
Chan Castillo espera que para el martes o miércoles de la próxima semana la fiscalía les dé una respuesta sobre su solicitud de que otras personas, entre ellas el ministro De La Guardia, declaren por ese proceso.
“Esos señores ratificaron a través de documentos que todo estaba legítimo”, planteó Chan Castillo, quien agregó que “los servidores públicos que cobraron, manifestaron que no había ninguna objeción”.
La solicitud es para que reconozcan su firma, el contrato, y porque si antes era bueno, ahora es malo.
Esto demostraría, según el abogado, que su defendido no cometió peculado.
Medidas cautelares impuestas a Salerno y Cucalón se mantienen
Luego de realizada la diligencia de careo entre Luis Cucalón y el empresario Cristóbal Salerno, ambos deberán mantenerse aferrados a sus medidas cautelares.
El primero de estos, en la Dirección de Investigación Policial (DIJ), de Ancón, mientras que Cristóbal Salerno, actualmente enfrenta medida cautelar de casa por cárcel.
Abogados consultados han cuestionado la selectividad conque se aplican medidas cautelares para un mismo proceso penal.
En este caso, hacen referencia a los antecedentes legales de Salerno, quien fue investigado por la posesión de explosivos y armas de grueso calibre durante el gobierno de Martín Torrijos, resolviéndose su caso por un tecnicismo legal que fue decidido en la Gobernación de Panamá.
Plantean que detrás de las declaraciones hay medidas de presión para que los citados inculpen a otras personas para beneficiarlos con la flexibilización de las medidas cautelares.
