Grupos pro familia se oponen al matrimonio igualitario; pero otra parte de la sociedad reclama los derechos civiles de esas personas.
Existen dos demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia que piden que se legalice el matrimonio igualitario. Foto: Archivo.
Organizaciones civiles que están en contra del matrimonio igualitaro proponen que el tema sea añadido al paquete de reformas constitucionales y que el mismo sea sometido a referéndum.
Una de esas ong´s es la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Su vocero, Víctor Trejos, se apersonó ayer a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para hacer una petición puntual: "Quisieramos que en Panamá se nos de un plazo perentorio para que eso (matrimonio igualitario) se deslinde por medio de un referéndum", expresó la fuente.
En medio de las consultas ciudadanas que se realizan por todo el país a raíz de las reformas constitucionales, la Comisión de Gobierno del parlamento panameño, recibió sugerencias, entre ellas, la inclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo como tema prioritario, al igual que los otros tópicos.
La solicitud de Víctor Trejos radica en que, un punto álgido y que genera todo tipo de debate entre la ciudadanía, sea incluido ya que hasta la fecha ese asunto, no forma parte de los cambios que se quieren realizar a la carta magna panameña.
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En Panamá la unión civil entre dos personas del mismo género es prohibida, según lo que expresa el artículo 26 del Código de la Familia, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. "El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común.”
Por otro lado, el artículo 35 de la Ley 61 de octubre de 2015, que adopta el Código de Derecho Internacional Privado dela República de Panamá expresa que: "se prohibe el matrimonio entre individuos del mismo sexo".
Ambos artículos fueron demandados por insconstitucionalidad en 2017 a solicitud de dos parejas gay que viven en el extranjero y que, en su momento, fueron representados por la firma Morgan & Morgan.
A principios de 2018 la entonces canciller y vicepresidenta Isabel Saint Malo declaró que Panamá debía acatar las normas internacionales de derecho, refiriéndose a una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Gobierno de Costa Rica, en la que los jueces internacionales determinaron que se reconociera y se garantizaran los derechos al matrimonio homosexual. Ese país legalizó las uniones entre ese tipo de parejas en noviembre de 2018.
Por otro lado, la Carta Magna panameña en su artículo 57 deja una puerta abierta a quienes abogan por la aprobación del matrimonio igualitario ya que no especifíca sobre el género de los que quieran unirse en matrimonio civil o de hecho. "El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley".
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Sobre el tema hablaron varios diputados. Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gibierno de la Asamblea manifestó que en Panamá existe la tolerancia y que todos los grupos serán escuchados. "Vamos a oirlos a todos. Creo que los panameños tenemos que tener tolerancia y respeto para poder debatir los grandes temas".
Su colega y copartidario Alejandro Castillero aseguró que muchos diputados abogan por incluir el tema en el proyecto de la Concertación, aunque él se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. "Yo creo en la familia tradicional. Vamos a defender el concepto de la familia tradicional".
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