El dirigente Luis Eduardo Camacho presentó ayer una denuncia por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos ante la Procuraduría de la Administración, en contra de la procuradora Kenia Porcell.
El exsecretario de Comunicación del Estado solicita en su denuncia la separación del cargo de Porcell por permitir la figura de “control jurisdiccional” por parte de la sociedad civil.
Mientras que el especialista en derecho administrativo y constitucional Ernesto Cedeño, consideró como “desafortunada” la acción de la procuradora Kenia Porcell, ya que según dijo no hay en ninguna norma jurídica lo que calificó como “veeduría”.
Consideró como peligroso e inconstitucional que algún integrante de Alianza Ciudadana esté validando las actuaciones de un órgano del Estado.
“El Ministerio Público debe perseguir los delitos y no necesita un espaldarazo de la sociedad civil para que haga o no haga su función (…) mucho menos ya que se pudiera estar debilitando la reserva del sumario…porque no sabemos quién es el que está viendo esos expedientes”, agregó.
Calificó de “imprudencia” la actuación de Porcell, aunque aclaró que no ve delito pero sí una infracción al Código Judicial.
Por otra parte, el PRD consideró como “muy graves” las declaraciones de Porcell, cuya acción podría representar una violación al debido proceso.
“Que la procuradora dé privilegios a la Alianza Ciudadana, permitiéndole que revise los expedientes y haga una evaluación de las medidas cautelares, nos preocupa porque en ninguna ley dice que esta acción es permitida y, por ende, viola las garantías procesales que podrían terminar en casos viciados y cerrados por mal manejo de las autoridades judiciales”, expresó el secretario general del partido, Carlos Pérez Herrera.
El PRD recordó que el artículo 2040 del Código Judicial sostiene que solo podrán tener acceso a la reserva del sumario los abogados y las partes.
Mientras, abogados consultados por Panamá América coinciden en que la figura del control jurisdiccional no aparece registrada en la Constitución Nacional ni en las leyes del país.
A juicio de Carlos Herrera, exfiscal auxiliar, la procuradora estaría incurriendo en un delito de abuso de autoridad por permitir una medida que no está establecida en la Constitución.
Panamá América constató que algunas de las agrupaciones que conforman la Alianza Ciudadana Pro Justicia no tienen oficinas centrales o los números telefónicos que aparecen son inexistentes.
Los únicos afiliados que aparecen en los medios de comunicación social tratando temas de justicia son Magaly Castillo y Carlos Lee.
Selectividad de Porcell
No todos los abogados tienen los privilegios en el Ministerio Público de que goza la Alianza para revisar expedientes.
Los abogados Ronier Ortiz y Sofanor Espinoza no tuvieron la misma suerte porque la Procuraduría de la Nación les negó el acceso a un expediente, a pesar de que son los denunciantes en el mismo.
El 15 de septiembre, Ortiz le remitió una nota a Porcell para solicitarle acceso al expediente, ya que tenía vedado examinarlo porque había “instrucciones superiores”.
Ortiz se refería a una denuncia que presentó contra el actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, por presunto espionaje telefónico.
“Hemos tratado de revisar dicho expediente y se nos ha impedido el acceso al mismo”, relató el documento enviado a Porcell.
Pero para sorpresa de Ortiz y Espinoza, el Ministerio Público hizo lo que no ha practicado con la Alianza Ciudadana Pro Justicia: les negó el acceso al expediente, basado en el principio de reserva del sumario.
El 24 de septiembre de este año, Rolando Rodríguez, secretario general
del Ministerio Público, le respondió a Ortiz que el artículo 287 del Código Procesal Penal establece la reserva del sumario y que ellos (Ortiz y Espinoza) no son parte del proceso penal, sino solo los denunciantes.
Rodríguez señaló que durante la investigación solo tendrán acceso al expediente las partes involucradas o sus representantes.
Espinoza explicó a Panamá América que no entiende cómo Alianza revisa los expedientes, mientras que a ellos les está prohibido verlos, a pesar de que fueron los querellantes contra altos funcionarios.
Alianza insiste
Pese a las críticas que generó el acceso a los expedientes, la vocera de la Alianza Pro Justicia, Magaly Castillo, advirtió ayer en un tuit que “continuaremos con el seguimiento de casos, nadie, ni la Procuraduría ni la Corte nos puede negar ese derecho”.
Antes de eso, la Alianza, en su cuenta de Twitter, explicó que ha hecho auditorías en el Ministerio Público desde hace años y citó el escándalo de corrupción generado por el presunto cobro de coimas por el Centro Multimodal y de Servicios (Cemis).
Agregó que los estudios, monitoreos y seguimientos de los casos los realizan las organizaciones ciudadanas en varios países. Afirmó que todo abogado puede revisar expedientes, sin sacar copias o divulgar detalles.
No obstante, la norma habla de abogados y no de grupos beligerantes.
Diputada Rodríguez calificó de ‘tráfico de influencias’ acción de la sociedad civil de revisar expedientes
Como tráfico de influencias fue calificada la intervención de la agrupación Alianza Ciudadana Pro Justicia en los expedientes que maneja el Ministerio Público, con lo cual se podría incluso incurrir en un delito.
Según la diputada y abogada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez, se trata de una situación que no se hace en ningún país del mundo.
"Es inaceptable, no solo antiético, sino que se puede incurrir en un hecho delictivo. Les están dando instrucciones al Ministerio Público para decir cómo deben fallar. Estamos hablando de tráfico de influencias", expresó.
Y es que no sería la primera vez que la agrupación pide tener acceso a información de este tipo. Anteriormente solicitó reunirse con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Ni nosotros -los diputados- hacemos eso teniendo expedientes de ellos en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, pero jamás citamos a un magistrado, es extralimitación de funciones, y por parte de ellos que son sociedad civil", criticó la diputada Rodríguez.
La procuradora Porcell sorprendió al país cuando reveló en una entrevista con TVN-2 que miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia revisaban los expedientes de alto perfil que se encuentran en las fiscalías anticorrupción como medida de “control jurisdiccional”.
Abogados: Alianza no representa postura de todos sus agremiados
El polémico proyecto de ley 214, sobre el autoblindaje, fue la manzana de la discordia que generó la salida del Colegio Nacional de Abogados de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados, señaló que la nueva junta directiva del mencionado organismo decidió abandonar la Alianza porque las opiniones que de allí surgían no recogían la posición general de los 15 integrantes que componen la agrupación.
“Es una dinámica establecida por la nueva junta directiva que consiste en honrar los votos por los que fuimos electos”, dijo Araúz.
La semana pasada, el Colegio Nacional de Abogados oficializó su salida de la Alianza Ciudadana Pro Justicia en una misiva que se remitió a la presidenta ejecutiva de este conglomerado de organizaciones, Magaly Castillo.
En la Alianza Ciudadana Pro Justicia, solo había una persona delegada para representar al Colegio Nacional de Abogados, señaló el CNA.
