Agosto será decisivo para el sistema de transporte. Un año después de que el Gobierno aprobó negociar un nuevo marco jurídico del contrato 21-10 de agosto de 2010 podría ventilarse un nuevo acuerdo contractual.
Ante tanta insistencia por la zozobra que existe sobre el tema, en junio pasado al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, se le escapó anunciar que a final de este mes se concretaría la compra.
En esa declaración se concentró la esperanza de los usuarios y operadores del metrobús que claman por un servicio eficiente desde que se inició el proceso de modernización del transporte.
El grupo ve con preocupación el futuro de la negociación porque avanzan los días y la espera se convierte en agonía, se desmejora el servicio rutinario y el deterioro en las unidades del metrobús es más evidente.
"Estamos en la fase final, entre un mes o dos meses a finales de agosto, calculo se puede finiquitar la negociación", fue la declaración de Carles cuando las presiones laborales se incrementaban para conocer la evolución de la negociación.
De los comisionados a cargo de la negociación encabezada por el ministro consejero Jesús Sierra y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, hay poca información. Mientras esquivan respuestas, los datos caen a cuentagotas.
Que si es la ATTT, que si es el ministro Sierra o es el ministro Henríquez los responsables de dar las explicaciones. Al final coinciden en que "cuando se tenga algo que informar, se hará". La evolución del acuerdo se maneja en estricta reserva.
Mientras tanto, entre los usuarios crece la incertidumbre. A diario se enfrentan a la principal reclamación que arrastra el metrobús: la falta de frecuencia y de unidades en buenas condiciones que le garanticen un viaje seguro.
Por separado, en los patios donde se aglomeran más de 3,000 operadores en turnos rotativos se acumulan evidencias que dan fuerza al pliego de petición entregado al presidente Juan Carlos Varela sobre una serie de violaciones por parte de la empresa.
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En la lista se resalta el incumplimiento de la empresa en el pago de las horas extras, condiciones laborales, pago de vacaciones y prestaciones. Las irregularidades fueron reconocidas en noviembre pasado por la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que realizó a Mi Bus una auditoría.
Aun cuando el Mitradel le entregó 20 recomendaciones derivadas de la inspección hecha en las instalaciones, patios y talleres, la empresa continúa sin responder a la petición.
El desafío provocó que el grupo de operadores se levantara en tres ocasiones declarando huelgas indefinidas por el incumplimiento de la petición. "Desde que levantamos nuestra voz el 12 y 13 octubre estamos en alerta máxima porque no permitiremos que haya más atropellos y juegavivo por parte de esta empresa", es el discurso reiterativo del grupo que ahora está sentado en una mesa de arbitraje para definir entre otras cosas el pago de las horas extras.
Para el cumplimiento de esa petición, el Gobierno dio como cifra base, producto de una auditoría, el pago de $2.6 millones en concepto de horas extras no pagadas por los directivos de Mi Bus. La cifra no convenció al grupo y ahora corresponderá al arbitraje buscar una salida.
La petición insistente del grupo terminó por debilitarlo, y ahora concluye que el arbitraje no es más que del Gobierno. "Todo está hablado y por eso no les interesa hallar una solución, ni dan detalles de la negociación. Solo están a la espera de que la empresa acepte la cifra de indemnización", contó uno de los operadores que prefiere mantenerse en reserva.
El temor, dice la fuente, es porque ha recibido amenazas y hasta intento de soborno para que sus pensamientos fluyan en dirección a la decisión gubernamental.
La explicación más reciente y pública que han dado los ejecutivos de Mi Bus sobre el servicio y cumplimiento del contrato 21-10 se remonta a febrero pasado, cuando ante la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional insistieron en que la empresa ha cumplido con todas las cláusulas incluidas en el contrato.
Luis Fernando Villegas, gerente de Mi Bus, respondió cinco preguntas relacionadas a las deficiencias del servicio apegadas a la redacción de un "mal contrato" para la empresa y usuarios del transporte.
Sin precisar por qué aceptaron firmar un contrato "mal diseñado", el ejecutivo de la empresa solo se limitó a resaltar que lo mantienen por "respeto y solidaridad con los usuarios".
Seis meses han pasado después de ese encuentro en el que los diputados de la Comisión de Transporte acordaron visitar los patios para comparar las respuestas de Villegas con la realidad expuesta por los operadores, pero esa intención no pasó de ser una gira sin resultados.
"Todas esas gestiones están paralizadas. Ni a la empresa le interesa arreglar esto porque saben que se van, ni al Gobierno le interesa presionar porque lo que buscan es negociar", es la confesión de Kadir Shefer Tuñón, representantes de los usuarios ante la junta directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
La ATTT no rinde informe sobre las sanciones y peticiones de mejoras al sistema y tampoco se percata de corregir la proliferación de la piratería que se incrementó por la deficiencia del servicio, agregó.
Insiste en que urge celeridad y capacidad de solución de conflictos. El Gobierno, a través de las instituciones de competencia, debe acelerar este proceso, teniendo siempre presente la necesidad imperiosa de contar con un sistema de transporte digno, seguro y decoroso, que permita elevar la calidad de vida de los usuarios, como se prometió en la campaña.
No obstante, la ATTT, que por ley está comprometida a regular, ordenar y garantizar el servicio permanente del servicio, enmudece cada vez que se solicita información oficial.
Al cierre de esta edición, la Dirección de Relaciones Públicas de la ATTT no ofreció respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el futuro del transporte en la capital.
La comisión de alto nivel también tiene la tarea de preparar una propuesta de marco legal y operativo, que integre el sistema de transporte público colectivo y masivo de pasajeros en la ciudad de Panamá, a fin de garantizar a todos los usuarios la prestación de un servicio público. El ministro Henríquez ha dicho que en la planificación aparece la indemnización de ciertas prestatarias de rutas internas y posterior integración de a las líneas del metro. La espera continúa, la negociación, blindada y los usuarios sufren el calvario de trasladarse entre el metrobús, metro y "piratas".
