- 7 meses de mandato ha tenido el presidente Juan Carlos Varela.
La frase
- Varela fue un candidato que ofreció consultar con la población los nombramientos claves; sin embargo, lo que ha venido haciendo es acaparar poder. Juan Jované - Economista.
Desde sus primeros meses de gobierno, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha fallado a su promesa de campaña que promovía la consulta ciudadana al nombrar altos cargos públicos; muy por el contrario, ha aprovechado la debilidad del sistema presidencialista para acumular poder y control sobre las diferentes instituciones del Estado.
La promesa de consulta ciudadana del Ejecutivo fue desvanecida mientras designaba altos mandos en la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Electoral (TE), el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Electoral y el Ministerio Público (MP), además de otras entidades autónomas y semiautónomas.
Esto, también con la aprobación y derogación de leyes y decretos, apoyado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo con quien mantiene alianza de gobernabilidad.
El presidente Varela no se ha detenido, y solicitó a varios jefes de entidades renunciar a su puesto. Aunque algunos se han negado, el mandatario ha insistido en el nombramiento de funcionarios que respondan a sus intereses, con base en los privilegios que ofrece su mandato.
Este es el caso de la Fiscalía Electoral, donde el Ejecutivo ordenó el nombramiento de la fiscal suplente. En esa institución se realizarían auditorías sin el consentimiento del fiscal principal, Eduardo Peñaloza, el cual enfrenta varias denuncias por supuesta inacción de sus funciones en el cargo, y está de vacaciones.
El catedrático Juan Jované recordó que “el presidente Juan Carlos Varela fue un candidato que ofreció consultar con la población los nombramientos claves; sin embargo, lo que ha venido haciendo, como es costumbre en Panamá, es acaparar poder”.
Jované opinó que estas decisiones se verán reflejadas posteriormente en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Un Ejecutivo cuyo objetivo es liquidar y dañar la separación de los poderes públicos”, planteó Jované.
Para el economista, “si el Gobierno no tiene la intención de modificar la institucionalidad del país, sobre concentrar el poder en manos del presidente, se convertiría en un encuadre que facilita la corrupción”.
Esto, en relación con la certeza de las penas y el correcto desarrollo de las investigaciones, con instituciones públicas blindadas.
“El presidente no ha hecho nada, sigue operando el PAN -Programa de Ayuda Nacional-, con las mismas reglas; evidentemente, no hay un interés de hacer un cambio”, reprochó.
Casos polémicos
Uno de los primeros nombramientos que desató el repudio de la ciudadanía fue el del empresario Federico Humbert como contralor general, quien desde un inicio se mencionó como el ungido del presidente, y la perredista Nitzia Villarreal como subcontralora.
En dicha elección se cuestionó que Humbert fuera uno de los donantes de campaña de Varela, lo que al final no impidió su elección, y sacar los votos que necesitaba bajo presiones del Ejecutivo hacia las distintas bancadas.
Posteriormente, el mandatario volvió a desatender su promesa de evaluación y consulta de sus nombramientos. Para esa fecha, Kenia Porcell fue designada procuradora general de la nación.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, criticó la acción y catalogó de “decepcionante la forma de designar a un procurador general, sin consulta ciudadana”.
Además de los nombramientos de simpatizantes de su partido en puestos importantes como direcciones y consejos administrativos.
Tal es el caso del excandidato a diputado por el panameñismo Alberto Cigarruista, como magistrado del Tribunal de Cuentas.
Tras conocerse que Cigarruista asumiría el cargo de magistrado de Cuentas, diversos sectores opinaron que no se enviaba un mensaje positivo ni demostraba la independencia de los órganos del Estado.
Luego el mandatario decidió mantener al magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, quien anteriormente había participado de actos oficiales del Gobierno, y extendería su servicio a 35 años.
Pese a esto, el presidente de la República ha manifestado que una forma de hacer política es mediante la sociedad civil.
Varela se refirió en esos términos durante la firma de una ley que declara área protegida el humedal de la Bahía de Panamá.
“Las políticas de Estado también se dictan desde la sociedad civil. Un reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas que lucharon tanto para llevar una ley para proteger el ambiente y las futuras generaciones”, expresó el mandatario durante la firma de la norma.
No obstante, el abogado Ernesto Cedeño aseguró que el propio presidente Varela, quien en campaña dijo que iba a consultar con la sociedad civil decisiones y nombramientos como el de los magistrados, “ha dado la espalda y se ha divorciado del componente que creyó en sus promesas de campaña”.
Cedeño criticó que el presidente Varela haya dejado el país e irse al extranjero, sin comunicar su decisión en los nombramientos, como el del magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
En este sentido, con la designación de Yara Campos, como la suplente del magistrado Valdés Escoffery, el presidente seguiría poniendo en duda el principio de consulta ciudadana que prometió cumplir.
“Si no lo hizo con el principal, mucho menos lo haría con la suplente; lo ideal sería una sociedad en donde se tome en cuenta a la ciudadanía, la consulta con otras personas”, expresó el abogado Cedeño.
Añadió que la consulta ciudadana permite la fiscalización en cuanto a la idoneidad de los mismos. “ Como no lo hicieron otros mandatarios, el presidencialismo amplio aquí en Panamá se los permite”.
Por su parte, la magistrada suplente, que estará por diez años, aseguró deberse a la transparencia.
Juan Carlos Varela buscaría tomar control de la sociedad civil con nombramiento de sus dirigentes
Cerca de 19 nombramientos ha realizado el presidente de la República, Juan Carlos Varela, de dirigentes de la sociedad civil, cuyos salarios van de los $3,000 a $10 mil, incluso exdirectivos de medios de comunicación, transportistas, además de representantes del sector indígena y ambiental.
La Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Electoral serían solo algunas de las instituciones en las que se ha denunciado injerencia del Ejecutivo sobre la toma de decisiones y presiones para actuar a favor de su mandato.
¿Crees que el presidente consultará a la sociedad civil los nombramientos en Corte?
@orlandomc21: No tendría por qué, pero si lo hace manda un mensaje de que quiere hacer las cosas bien.
@rrangelt: Claro que nos interesa la participación ciudadana. Lucha de independientes no ha acabado.
@anonymuspanama: Lo más seguro será que no, ya todos sabemos lo que va a suceder.
@Dalis28Dalis: Claro que no habrá consulta a la sociedad civil por parte del presidente Varela.
