Algunos fallos emitidos recientemente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no solo han evidenciado los abusos del Ministerio Público (MP), sino que sirvieron para poner en evidencia al presidente Juan Carlos Varela, quien no disimuló su molestia.
El mandatario reconoció públicamente haber sostenido una conversación con el presidente del Órgano Judicial, José Ayú Prado, al que le llamó la atención.
"El presidente de la Corte sabe de situaciones que están pasando dentro de la Corte, que no están bien", reclamó Varela ayer.
El mandatario manifestó durante la inauguración de una nueva sucursal del Banco Nacional que "voy a usar mis facultades, que me da la Constitución, para nombrar los dos nuevos magistrados que hagan cumplir las leyes", en evidente alusión a manifestaciones de la procuradora Kenia Porcell y un fallo que anuló un proceso en contra del exministro de Seguridad José Raúl Mulino, y Alejandro Garuz, que fue viceministro de la misma cartera.
En tono molesto, el presidente indicó que "el amiguismo y tráfico de influencias de que se habla en la CSJ se tiene que terminar de una vez por todas (...)".
Además señaló que "se están usando normas que no están en el Código Penal para anular casos" y afirmó que al final, "si los magistrados no actúan bien, llevo yo responsabilidad".
Varela debe nombrar en diciembre próximo a los reemplazos de Jerónimo Mejía y Oydén Ortega que culminan su periodo de 10 años.
Para figuras como el abogado Ernesto Cedeño, "una cosa es coordinar los poderes del Estado y otra diferente es el darle instrucciones al poder judicial".
A su vez, el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Gerardo Solís sostiene que es el presidente Varela el que "debería de estar satisfecho con el fallo que anula el caso. ¿No fue su magistrada Russo la que lo hizo?", preguntó.
La administración de Varela designó a Ángela Russo, y fue escogida por el jefe de Estado de una lista de 10 aspirantes.
Otros sectores también han mostrado preocupación por las declaraciones del mandatario.
La ex primera dama Marta de Martinelli señaló que la "intromisión en otro órgano del Estado es preocupante".
La reacción del presidente coincide con el pronunciamiento de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien denunció esta semana que sectores económicos y poderosos han amenazado a los fiscales, lo que puso en riesgo cinco investigaciones por blanqueo de capitales.
Incluso ayer la procuradora reiteró que "hubo un nivel de intimidación -a fiscales-". "Sé que estar en un cargo como este no es para hacer amigos".
Afirmó que los tiempos están corriendo, y más del 80% de las investigaciones están en espera de las audiencias, pero "hay jueces que los llaman solicitando los expedientes de casos complejos".
A su vez, que "las investigaciones que está llevando el Ministerio Público son sumamente complejas.
Ante esto, el abogado Silvio Guerra manifestó que las declaraciones de Porcell son, para todos los ciudadanos, un caso inédito.
Para el abogado, en estas declaraciones se debe acotar la justicia selectiva, ya que desde hace aproximadamente unos tres años se empezó a denunciar que la justicia selectiva entrañaba una persecución política.
"Sin delito no puede haber investigación y menos proceso o juzgamiento penal", afirmó.
"El gran culpable de que los casos se caigan son los jueces y magistrados que sí han respetado y decidido, aunque ese es el deber judicial de ellos, pronunciar el derecho de manera objetiva", afirmó.
En cuanto a la procuradora, esta emite un grito de desesperación y se encuentra atrapada en medio de presiones políticas que, tristemente, han querido instrumentar al MP como el pilar fundamental para construir una futura e inminente campaña electoral, con el argumento de que la lucha contra la corrupción como tema.
Banca panameña, preocupada por repercusión de palabras de Porcell
El gremio bancario se mostró preocupado ante las declaraciones de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, en las que se refirió a las amenazas contra fiscales procedentes desde sectores de la banca panameña.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) sostuvo que “los señalamientos generalizados contra el sector bancario ponen en riesgo uno de los activos más importantes del país y la confianza en el sector".
El gremio le pidió a la funcionaria identificar puntualmente a las personas o entidades para así evitar la especulación en torno al tema.
“El sector bancario de Panamá está comprometido con los valores de justicia, principios éticos y transparencia. Los bancos tenemos el mayor interés en asegurar que las investigaciones sean llevadas hasta sus últimas consecuencias”, declaró la asociación.
La ABP respalda la labor del Ministerio Público para realizar las investigaciones que sean necesarias y aclarar los hechos de corrupción y sus responsables.
