La decisión de posponer el llamado a una constituyente paralela por parte del presidente Juan Carlos Varela, fue una estrategia con la intención de no llevar a cabo este proceso como propuso en campaña electoral, plantearon juristas.
Entre estos, el constitucionalista Ernesto Cedeño, quien planteó que "ha faltado voluntad política para el cumplimiento de una promesa electoral que agradó a muchos".
Ello, porque el acto de someter a referéndum para este proceso, sería en el segundo semestre del 2018, a pocos meses de efectuarse el próximo torneo electoral, lo que sería descartado por las distintas corrientes políticas.
Al igual que el abogado Miguel Antonio Bernal, quien manifestó que este llamado de una constituyente compete al pueblo y no a un jefe de Estado como propone el presidente.
Bernal declaró: "Presidente Varela: sepa usted que la constituyente no tiene horario ni fecha en el calendario. La decisión es de los ciudadanos y no de usted. ¡Respete!".
Y es que en su plan de gobierno el "Pueblo Primero", el entonces candidato presidencial había prometido: "Convocaremos a una asamblea paralela constituyente, dentro de los primeros dos años de gobierno, para fortalecer la separación de poderes...".
Este miércoles, el mandatario declaró que habrá un plazo hasta el 30 de junio de 2017 para que el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y otros sectores presenten al Ejecutivo la propuesta para hacer las reformas constitucionales, es decir, a menos de dos años para el siguiente torneo electoral.
"Un proceso constitucional que tiene que darse cuando los procesos de justicia estén más avanzados. No podemos tener una diferencia en el país por un tema de rendición de cuentas y a la vez, entonces, abrir un tema, que de una forma u otra conlleva la parte política, porque yo quiero primero que el país esté más reconciliado, esté más unido", defendió Varela.
No obstante, esta promesa no solo evitó llevarse a cabo en los dos primeros años de gestión, sino también que representaría un peligro para la estabilidad democrática del país.
Según el abogado Ernesto Cedeño, el artículo 314 de la Constitución Política de Panamá "dice que el Poder Ejecutivo requiere de la aprobación del Poder Legislativo para adoptar la constituyente paralela".
"Supongamos que sea en julio de 2017. El Tribunal Electoral (TE) debe convocar a elecciones de constituyentes en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses. Supongamos que se haga en noviembre del 2017. La asamblea constituyente tendrá un término para trabajar de seis a nueve meses. Que termine en nueve meses, o sea en agosto del 2018. El Acto debe someterse a referéndum en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses. ¿Cree usted que se va a someter a referéndum un acto, a un tris de las elecciones generales de mayo del 2019?", cuestionó el experto.
A su vez, el abogado Bernal afirmó que el presidente olvida el derecho de petición del pueblo y no muestra interés por la participación ciudadana en esta decisión.
"Si miles de personas están pidiendo una constituyente, está mal que diga que espera una reconciliación en el pueblo. Cuando él dice que la va a dejar para el próximo año, levanta un velo de especulación porque puede ser que está tratando de ver una posible reelección", alertó Bernal.
Según el especialista no hay presión ciudadana ante la decisión de convocar a una constituyente, pero no puede recaer la responsabilidad solo en el presidente Varela.
"Si se llegara a un momento electoral sin convocarla, allí debemos buscar la manera de que la constituyente se convoque, si esperamos que las autoridades salgan a pedirla, estamos equivocados porque esa gente lo que no quiere es participación ciudadana", subrayó.
También el politólogo Cristóbal Silva opinó que "en estos momentos, Panamá necesita una constituyente para reestructurar la institucionalidad totalmente colapsada".
Panamá no reforma su Constitución desde el 2004, cuando en el mandato de Martín Torrijos se plantearon cambios como la conformación de la Asamblea Nacional.
Expertos coinciden en que la base de nuestra Carta Magna data del periodo de la dictadura en 1972, lo que permite al Órgano Ejecutivo adoptar mayor control sobre las instituciones.
Claves
2 años de gobierno propuso el presidente JC. Varela como límite para la constituyente.
9 meses tendrá como máximo la asamblea constituyente para trabajar en un proyecto.
