Si hay una promesa que a Varela se le ha olvidado cumplir desde que es presidente es consultar nombramientos importantes de su administración.
Tras ser juramentado, el 1 de julio de 2014, hizo énfasis en su compromiso de hacer un gobierno de unidad nacional y de consenso.
“Ratifico mi compromiso de hacer un llamado a la unidad nacional, de consenso (...) y diálogo para la paz y tranquilidad del pueblo panameño, sin distingo de partidos políticos”, manifestó durante su primer discurso al país.
No obstante, varias han sido las críticas por faltar a su palabra al nombrar a figuras como Kenia Porcell, quien fue abogada del magistrado del TE Erasmo Pinilla, como procuradora general de la nación.
A su vez, Guido Rodríguez, quien respondería al grupo Movin. Su nombramiento fue denunciado al conocerse que no es nacido en el país, sino que es panameño por naturalización, lo cual violaría la norma constitucional.
Otro nombramiento repudiado fue el del exmagistrado Alberto Cigarruista, miembro del Partido Panameñista, en el Tribunal de Cuentas.
Una de las designaciones que más polémica generó fue la del donante de campaña del presidente Varela y también miembro del Movin, Federico Humbert, como contralor general, quien, a pesar de ser un funcionario elegido por la Asamblea, fue impuesto por la bancada oficialista.
Varela también mantuvo en el Tribunal Electoral (TE) a Eduardo Valdés Escoffery por otros 10 años como magistrado.
A esto se suma la falta de transparencia en la actualización del Nodo de Transparencia, en el que no aparecen los cargos de varios funcionarios con salarios que sobrepasan los 2,000 dólares.
El mandatario también ha sido objeto de críticas por sus viajes al exterior. A la fecha ya lleva 17.
Pese al cuestionamiento de diversos sectores sobre permitir que sean los ministros y expertos quienes atiendan dichos temas, el presidente ha insistido en acudir, incluso, a varios actos de tipo religioso.
Por otra parte, ha evitado las críticas de 19 líderes de agrupaciones civiles, que ahora trabajan con él, en embajadas, asesorías y direcciones, las cuales fueron cedidas a estos representantes, y con salarios exorbitantes, como el del sindicalista Mariano Mena, asesor del Ministerio de Gobierno.
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Reemplazos
Este año, el presidente Juan Carlos Varela debe nombrar a tres nuevos jueces del palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia.
No cumple el pacto
El Pacto de Estado por la Justicia, que promueve la sociedad civil, tiene su génesis en 2005, y hace alusión a la transparencia en estos procesos de selección, propuesta que ha sido ignorada por el Ejecutivo.
Expectativas
El Colegio Nacional de Abogados recomendó que los nuevos magistrados deben salir del sistema judicial y no tener simpatía o afinidad con partidos políticos.
Promesa
Varela prometió más consulta.
Cifras
4 magistrados debe reemplazar el presidente Juan Carlos Varela.
1 de julio presentará la lista de los nuevos magistrados al Gabinete para definir el procedimiento de selección.
10 años es el periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
