La proliferación de buses y taxis piratas (o alternativos como quieren ser llamados) se ha salido del control del Gobierno, y ha dejado expuesta su incapacidad para poner orden en el tema del transporte.
"Hay una tremenda anarquía e inoperancia en esta Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)", reaccionó Carlos Harris, exdirector de la entidad.
A su juicio, la principal falla de la gestión actual es haber permitido desde un principio el empoderamiento de algunos dirigentes transportistas, que se ven con derecho de dar permisos de circulación, cobrar a su antojo y hasta definir quién es o no legal.
"Han llegado a la desfachatez de llamar 'piratas' a unos y avalar a otros. Pero sin cupos, la realidad es que todos siguen siendo 'piratas'... La mona, aunque de seda se vista, mona se queda", ironizó el exfuncionario.
"Y lo peor es que a corto plazo no se ve venir un cambio, porque hay una anarquía, insisto. Tampoco cambiará la fiesta de accidentes con busitos piratas, porque la autoridad no está haciendo una labor efectiva para poner orden", lamentó Carlos Harris.
Golpe al bolsillo
Por su parte, Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de Usuarios del Transporte Público, apuntó que el "poco importa de las autoridades" ha llevado a los usuarios a gastar más en presupuesto para pasaje.
Citó como ejemplo rutas de busitos piratas de San Miguelito, el sector este y Panamá Oeste, "que las personas se ven obligadas a usar ante el mal servicio del transporte regular, pero que son víctimas de la especulación en el pasaje".
En El Tecal y en Altos de El Tecal (en Arraiján) esta realidad es palpable.
En un cambio unilateral por parte de los conductores alternativos, el pasaje pasó de costar $1.50 a $2.00, y en ciertas horas de los fines de semana sube a $3.00 y $3.50.
"Y no solo pasa esto entre los busitos que se dirigen a la periferia, en todas las rutas internas de la ciudad ya cobran 50 centavos, y las autoridades no hacen nada", afirmó la vocera de los usuarios.
Irónicamente, Panamá América consultó sobre este tema al propio director de la ATTT, Julio González, quien se limitó a decir que "el pasaje legal en el centro de la ciudad es de 25 centavos".
Derecho de usuarios
Osiris Gratacós, de la Fundación de Educación Vial, también lamentó que los "diablos rojos" hayan resucitado, y que además anden cobrando por la ciudad lo que se les da en gana, con un servicio que irrespeta a los propios usuarios.
"¿Quién capacitó a estos conductores de 'diablos rojos'? Aquí lo que pasa es que el Gobierno no ha tomado en serio el problema, no le da la importancia que merece", señaló la activista.
"Y esta inacción de nuestras autoridades es inconcebible si se toma en cuenta que aquí se mueven 700 mil personas en el transporte público", recordó Gratacós.
Fundación Vial hace hincapié en el derecho de los usuarios a saber quién está detrás del volante.
"El Gobierno no puede coartar nuestro derecho a saber quiénes son los conductores, quién los capacitó (si es que fueron capacitados para dar el servicio) y por qué utilizan esos vehículos, y no otros", insiste Osiris Gratacós.
Esta fundación propone que el Tránsito y el Gobierno central le permitan a la sociedad civil participar de diálogos para resolver los principales problemas que giran en torno del transporte, sobre todo en lo relacionado con accidentes y muertes por imprudencia de conductores piratas.
En este sentido, Geraldine Marciaga, también de Fundación Vial, reveló que en los primeros 4 meses de este año, ya se superan las estadísticas de los 6 primeros meses de 2015, en cuanto a muertes por accidente de tránsito.
"Ante la necesidad, no estamos en contra de los piratas; sabemos que ayudan. El punto es que el Gobierno tiene que regularlos, tiene que imponer las sanciones necesarias y ser diligente en revisar que tengan las capacitaciones y los permisos necesarios", resaltó Marciaga.
Y citó como un ejemplo de control dinámico al transporte, los planes semestrales que se aplican en la ciudad europea de Londres.
Allá los transportistas deben someterse a una prueba de conocimiento cada 6 meses, y estas pruebas incluyen hasta conocimientos de rutas.
"Eso es lo que nosotros exigimos. Y que no se diga que las proporciones son distantes porque tenemos que mirar alto... es nuestra seguridad la que está en riesgo", dijo Geraldine Marciaga, al tiempo que reveló que en Panamá, de cada 10 personas 7 se ven involucradas en accidente de tránsito.
Sin cifras
Otro problema que enfrentan las autoridades del Tránsito es que no saben a ciencia cierta cuántos transportes alternativos hay prestando el servicio.
A menudo reiteran la cifra de 746 busitos piratas censados, pero hay distintas versiones entre las propias concesionarias, que hablan de 1,200 unidades, de 2,000 y hasta de 3,000 busitos piratas.
Tomasito López, dirigente transportista en San Miguelito, aseguró que todos los días entran más de 50 buses nuevos a brindar el servicio, en irrespeto fragrante al supuesto censo de autorización hecho por la ATTT.
"Ningún busito del año 2016 debería circular por las calles de Panamá porque no están dentro del censo", dijo.
Agregó que Dionisio Ortega, presidente de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), es quien ha introducido estos busitos, sin embargo, no da la cara frente a la ATTT y envía a sus "esbirros" para que se encarguen de todo.
Pero también la sociedad Transporte del Futuro (Transfusa) y la Cooperativa San Cristóbal de Chepo (comandada por el diputado perredista Diógenes Vergara) organizan a los transportistas ilegítimos, con un negocio lucrativo que tampoco tiene cifras oficiales: el cobro diario de derecho a zarpe.
Y en medio de todo esto, la Autoridad del Tránsito sigue aplazando una acción contundente.
50
rutas nuevas se estima que atenderán los "piratas" en 2 años.
100
mil pasajeros diarios moverá el sector alternativo, en 2 años, según su ritmo de crecimiento. Es decir, el 15% de los pasajeros.
