- 6 meses cumplió en el poder Juan Carlos Varela.
Asamblea Nacional, con el reto de ser más productiva en este periodo
- Tras una primera legislatura dedicada en su mayor parte a ratificar nombramientos, queda la tarea de aprobar leyes para el país.
Seguridad
- Estamentos
- Se sacó la política de los estamentos de seguridad creando un frente interagencial integrado por representantes de 12 entidades, no obstante, se anunciaron nuevos rangos para favorecer a los comisionados.
- Sistema Penitenciario
- El Gobierno ha tomado control de las cárceles del país y está construyendo un centro de detención de máxima seguridad para aislar a los principales jefes de las bandas criminales. A pesar de esto, los actos de corrupción y violencia continúan en estos centros penitenciarios.
Algunos logros
- $500 millones invertidos para mejorar la calidad de vida de los colonenses.
- $30 millones en ahorro anual al bajar el precio final del quintal de arroz de $44.00 a $29.00.
@ErikaZayuky
Los argumentos utilizados por el presidente Juan Carlos Varela para justificar por qué optó por mantener a Eduardo Valdés Escoffery como magistrado del Tribunal Electoral (TE) no terminan de convencer a varios sectores de la sociedad civil.
Varela, quien ayer rindió su informe a la nación de los primeros seis meses de gestión, se escudó en la democracia, la paz social y el pueblo para refutar las críticas a raíz del nombramiento de Escoffery, sin previa consulta pública.
Aun reconociendo que en el país hay personas con las capacidades para ocupar dicho cargo, adujo: “Tomé esa decisión para no experimentar con la democracia”.
El que Escoffery se mantuviera firme y demostrara no ceder a presiones en defensa de la democracia fue un voto a favor para su reelección, según las palabras del mandatario.
Otro punto que tomó en consideración, basado en que en 2016 el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, se retira, es la experiencia de esta figura en más de un proceso electoral, de manera que se asegure que se tomen las medidas para que no se vuelvan a dar errores en estos procesos.
La estabilidad de los funcionarios del TE, más de 2,600, las reformas electorales que quedaron pendientes y el posible llamado a un proceso constitucional a mediados de este año fueron elementos que Varela mencionó que le sirvieron también para reelegir en el puesto al magistrado.
Injustificable
“La estabilidad de los funcionarios del TE la debe dar la carrera electoral que no impulsan los magistrados por nepotismo y feudo. Es la verdad”, tuiteó el constitucionalista Ernesto Cedeño.
El abogado sostuvo que eso será así desde el momento en que la Asamblea Nacional la apruebe, por lo que la continuidad de Valdés Escoffery no garantiza la permanencia de esos funcionarios en sus puestos.
Por otra parte, reafirmó que el magistrado no es necesario para la democracia.
“Se requería otro tipo de persona para que rejuveneciera la filosofía e ideología dentro del Tribunal”, subrayó el jurista, toda vez que cada 10 años se cambian los magistrados sin trauma. “El TE no es la excepción. El TE no es Valdés”, publicó en Twitter.
“Al presidente Varela le costó mucho defender la ratificación del magistrado Valdés, que ha recibido rechazo mayoritario de opinión pública”, fue uno de los comentarios emitidos por Arturo Vallarino, exembajador ante la Organización de Estados Americanos, en su cuenta de Twitter.
No obstante, la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo, defendió el Gobierno al resaltar que esta administración toma en cuenta a la ciudadanía y que se gobierna de manera participativa.
Para el catedrático Juan Jované, esto no causa extrañeza alguna, ya que como sostiene, los acuerdos a espaldas de la ciudadanía son uno de los muchos “regalos del presidente al pueblo panameño”.
La Alianza Ciudadana tampoco escapó de emitir sus señalamientos. En las redes sociales señaló: “Sin participación y consulta no hay buen gobierno. Los ciudadanos no firmamos cheque en blanco a ningún gobierno”.
Una postura que sorprendió fue la del diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez, quien afirmó: “A quién quería la sociedad civil que nombrara, a Magaly Castillo para estar contentos, no deben quitarle la potestad por Constitución de mandatario de la Nación”.
Pese a ser un fiel crítico de Escoffery, indicó que si la Constitución dice que el presidente tenía que nombrar a su magistrado, “así lo hizo”. “Si era potestad de Juan Carlos Varela ratificarlo, bienvenido sea”.
Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, difundió un mensaje en las redes. “Este año pidamos más consulta ciudadana a los tres órganos del Estado. Los ciudadanos no estamos pintados en la pared”.
Promesas y no hechos
Mientras, Vallarino recordaba que las elecciones se realizaron hace ocho meses. “Basta de promesas. El pueblo quiere ver resultados”.
Esto en relación con el informe emitido por el presidente, en el que planteó que en los próximos meses de este año van a sacar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Juan Díaz, así como el diseño y construcción de una nueva planta de tratamiento para el oeste, junto con sus redes de alcantarillados en Arraiján y La Chorrera.
Otro punto cuestionado por el también exvicepresidente de la República fue lo concerniente al Control de Precios, que este Gobierno sustenta logró rebajarle el costo de la canasta básica alimenticia a la población en más de 50 dólares.
Vallarino lo calificó como “otra gran mentira”.
Una publicación reciente de este medio reveló que el ahorro de esta medida, que se extenderá por seis meses más, no pasa de 12 dólares.
Por otra parte, Varela expresó que se ha respaldado a los productores con préstamos y apoyo técnico, así como se compró arroz con transparencia, con lo que se bajó el precio final del importado, sin embargo, en otro trabajo periodístico de Panamá América se informó que el Gobierno ha importado 685,000 quintales de arroz por un costo de 19 millones 83 mil 750 dólares, lo que, según los arroceros y molineros, estrangula la producción nacional.
Arroceros y molineros denunciaron que el Instituto de Mercadeo Agropecuario mantiene un “negocio” con la importación “descontrolada” de arroz.
En materia de transporte, se adelantó que el 31 de enero vence el plazo para la presentación de las propuestas para la Línea 2 del Metro, así como se tiene trazado el 28 de febrero como fecha límite para cerrar las negociaciones tendientes a la integración del metro y el metrobús, con la que se tendrá una tarifa única para todos, incluyendo a estudiantes, la que se espera se tenga definida para marzo.
Al respecto, el gobernante informó que los gastos de funcionamiento de Mi Bus son asumidos 60% por el Estado y esto no tiene ningún sentido.
Asamblea
Previo a las declaraciones del mandatario, se llevó a cabo la instalación de la segunda legislatura del primer periodo de la Asamblea Nacional.
El presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, destacó que, pese a contar con un órgano dividido en cuanto a representación partidaria, lograron la aprobación de 28 leyes.
Consciente de que todavía les hace falta mucho por hacer para reparar la imagen de la Asamblea, sobre todo luego de la decisión colectiva de contar con bonos de Navidad, Valderrama enfatizó que las críticas constructivas siempre serán escuchadas y que se buscarán los marcos legales para que en un futuro no se haga necesario que un diputado distribuya bolsas de comida a familias de escasos recursos.
Sugirió que se modifique la Ley de Contrataciones Públicas y devolver a la Contraloría la capacidad de ejercer controles previos sobre los actos públicos y debatir las modificaciones al Código Penal, que garanticen la certeza del castigo para la corrupción.
Los diputados del PRD Leandro Ávila y Zulay Rodríguez manifestaron que los temas que les interesan como bancada es que el Ejecutivo resuelva todos los problemas que padece el pueblo panameño y que haga todas las obras sociales que prometieron, y si observan que no cumplen con su trabajo, serán los primeros que criticarán, porque, a pesar de que su colectivo mantiene un pacto de gobernabilidad con los panameñistas, “velarán por el beneficio del país, no de un partido político”.
