Las protestas contra la Corte Electoral de Bolivia se extendieron a cuatro regiones, donde ex candidatos opositores lideran huelgas de hambre para exigir la revisión de la distribución de escaños en las asambleas departamentales.
El diputado de la fuerza opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, informó hoy a Efe que más de una veintena de personas están en huelga en las regiones de Oruro (oeste), Cochabamba (centro), Chuquisaca (sureste) y La Paz, donde otros tres opositores se han crucificado, sin clavos, como medida de presión.
Navarro recordó que las protestas comenzaron el pasado martes, cuando el ex candidato de UN a la gobernación de La Paz Carlos Hugo Laruta y cuatro de sus seguidores iniciaron una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo para pedir la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas.
Ese partido y otras fuerzas de la oposición acusan a Costas de haber firmado resoluciones sobre el reparto de escaños en las asambleas regionales que favorecen al partido del presidente Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los gobernadores y los asambleístas de los nueve departamentos del país fueron elegidos en los comicios regionales del pasado 4 de abril, en los cuales el MAS obtuvo seis gobernaciones, pero obtuvo menos votación de la esperada.
Navarro anunció que la próxima semana se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones del órgano electoral.
"Vamos a insistir con las dos líneas, una que es la jurídica y, por otro lado, vamos a seguir con la estrategia de huelga de hambre y movilización en los próximos días. Se van a instalar más piquetes de huelga en La Paz y en el resto del país", dijo Navarro.
El presidente de la CNE ha rechazado los pedidos de dimisión y ha explicado esta semana que la fórmula de reparto de escaños adoptada para los recientes comicios departamentales y municipales no está relacionada con el porcentaje logrado por el candidato principal.
Defendió que la forma en que se hizo el cálculo está refrendada por una normativa emitida el 5 de febrero pasado y sobre la que en su momento la oposición no expresó ninguna disconformidad.
