La tensión en las regiones agrícolas de Paraguay subió hoy de tono con la retención de agentes fiscales por parte de campesinos, que han amenazado además con quemar la hacienda de uno de los principales productores de origen brasileño del país.
"El Gobierno garantiza el derecho a la propiedad privada y el derecho de los productores a sembrar en sus tierras y está tomando todas las medidas conducentes a hacer efectivo esos derechos", según un comunicado leído por el vicepresidente y presidente en ejercicio del país, Federico Franco.
El texto oficial advierte que "la violencia no es ni será aceptada bajo ningún concepto como un mecanismo para reclamar derechos o exigir soluciones", y asevera que el Gobierno "hará cumplir todas las normas ambientales, cuya vigencia reclaman los movimientos campesinos y otras organizaciones sociales".
Horas antes el empresario brasileño Tranquilo Favero exigió "justicia" a las autoridades y dijo que el silo que los labriegos amenazan quemar está abarrotado de trigo, maíz y otros granos, con una inversión de cinco millones de dólares.
"Quiero justicia, estoy en Paraguay hace 40 años. Creo que estoy haciendo algo bien", afirmó Favero a emisoras de radio al criticar a los "sin tierra" por considerar criminales a todos los "brasiguayos", como se conoce a los productores de origen brasileño.
Los campesinos argumentan que en el pasado grandes extensiones de tierra fueron cedidas o arrendadas a personas no sujetas a la reforma agraria, entre ellas colonos brasileños, y que además los cultivos mecanizados como el de la soja depredan los bosques y contaminan el medio ambiente.
La hacienda amenazada de Favero se encuentra en el distrito de Capiibary, a unos 350 kilómetros al noreste de Asunción, y los campesinos derribaron parte del alambrado.
La movilización campesina apunta a impedir el inicio de la siembra de soja de la campaña 2007-2008.
Otro grupo de campesinos retuvo hoy a tres agentes fiscales, dos policías y al conductor de una comitiva que trató de intervenir en un conflicto entre labriegos y colonos brasileños en Yasy Cañy, cerca de Capiibary.
Los fiscales y los agentes fueron liberados dos horas después y la Fiscalía de Curuguaty, a la que pertenecen los afectados, informó de que esperan la llegada de refuerzo policial para iniciar la busca y captura de los responsables.
La situación motivó una reunión de urgencia de poco más de dos horas de Franco, quien interina la presidencia en ausencia del jefe de Estado, Fernando Lugo, con el ministro de Interior, Rafael Filizzola.
Filizzola mantuvo por la mañana una imprevista reunión con el gobernador del departamento de San Pedro (centro), la región más conflictiva, José Ledesma, tras lo cual anunció que viajará en las próximas horas a la zona.
"Vine a pedirle al ministro para que se presente, para que escuche a la gente y para que vea qué está haciendo esta gente. Es importante que él esté en la zona", afirmó Ledesma.
El gobernador apoya las reivindicaciones campesinas y afirmó que muchos hacendados brasileños no respetan las leyes ambientales y cultivan soja "hasta en la ruta" (carretera).
En esta región, donde el presidente Lugo fue obispo durante más de una década, los autodenominados "sin tierra" exigen la retirada de grupos de choque de la policía enviados de Asunción y la libertad de una treintena de campesinos detenidos durante un desalojo realizado la semana pasada.
"El Gobierno llama a todos los sectores involucrados a deponer toda actitud violenta e insta a que recurra por la vía institucional correspondiente y al tiempo de reiterar que actuará con la mayor firmeza para garantizar la vigencia del Estado de Derecho", enfatiza el comunicado oficial.
Por otro lado, funcionarios de la Secretaría del Ambiente anunciaron hoy la detección de presuntas violaciones de las leyes ambientales en la estancia El Progreso, en la zona de Capiibary, controlada por los brasileños Aldo Haverroht y Valdir Neujamp.
Los colonos fueron denunciados por dirigentes de la Organización de Lucha por la Tierra.
