La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia anunció en Bogotá que investigará la presunta responsabilidad de la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez en la obtención y uso de información extraída de manera ilegal por la central de inteligencia del Estado.
El proceso formal contra la ahora ex senadora Gutiérrez fue formalizado por la Sala Penal del alto tribunal y tiene como fundamento testimonios judiciales de antiguos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).
En sus declaraciones ante la CSJ, que investiga el escándalo que se derivó de una campaña de escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, algunos ex funcionarios de esta central de inteligencia revelaron que Gutiérrez pidió y recibió informes sobre su antigua colega Piedad Córdoba, una de las víctimas en esta trama.
La entonces senadora Gutiérrez usó la información para un debate parlamentario contra la opositora Córdoba, quien hace poco fue destituida e inhabilitada por 18 años para el ejercicio de cargos públicos, por la Procuraduría General.
Esta entidad de control disciplinario de los funcionarios del Estado sancionó así a Córdoba tras responsabilizarla de haber apoyado y promovido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla ante la que medió en el pasado para la puesta en libertad de secuestrados.
Fuentes de la CSJ indicaron a la prensa que Gutiérrez pudo recibir información allegada de manera ilegal por el DAS para utilizarla contra la ahora ex senadora Córdoba.
Gutiérrez pertenece al oficialista Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), presidió el Congreso de 2007 a 2008 y también afronta en la CSJ una investigación preliminar por presuntos nexos con grupos paramilitares.
El escándalo de las intervenciones ilegales del DAS se extendió por los casi ocho años de los dos Gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya posible responsabilidad en esta trama es investigada por un comité de la Cámara de Representantes.
Varios ex directores del DAS, entre ellos María del Pilar Hurtado, a quien hoy el Gobierno panameño notificó de que le concedía el estatus de asilo territorial, están implicados en dicha trama, lo mismo que una veintena de funcionarios o ex funcionarios de la misma central de inteligencia, que depende de la Presidencia de la República.
Además de opositores como Córdoba, la trama tuvo como objetivos a magistrados, periodistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos extranjeros.
