El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy la apelación presentada por el Gobierno que pedía indemnizaciones multimillonarias a empresas tabaqueras por engañar a sus clientes sobre los peligros de sus cigarrillos para la salud.
La corte suprema reconoció anteriores sentencias que determinaban que las grandes compañías de la industria en el país eran culpables, y negó otros recursos de las compañías a decisiones judiciales que les condenaban por violar leyes dirigidas a la mafia.
Al evitar que estos casos sean estudiados, el Supremo cierra las puertas a prolongar una batalla legal que empezó hace más de diez años entre las tabacaleras y la Casa Blanca.
El momento decisivo de aquella guerra de tribunales fue la sentencia de 2006, pronunciada por la juez Gladys Kessler, que declaraba que las compañías mintieron a sus clientes por negar los efectos adversos del tabaco, cuando tenían en sus manos evidencias de lo contrario.
En aquella decisión, también se les declaró culpables por negar públicamente que habían manipulado la nicotina para crear mayor adicción a ella.
Mientras estas decisiones se debatían en los juzgados, la administración exigió en 1999, con Bill Clinton en la Casa Blanca, que parte de las ganancias económicas de las compañías sirvieran de indemnización a los perjudicados por el tabaco.
Esta demanda fue retomada por la actual nominada al Tribunal Supremo, Elana Kagan, que presentó el recurso este año como procuradora general de la administración de Barack Obama.
En éste recurso decía que los engaños durante medio siglo de las compañías habían costado la vida de millones de estadounidenses y habían perjudicado su salud.
Pero los juzgados ya dijeron antes que el Gobierno no tenía el derecho a los 280.000 millones de dólares de beneficios de las empresas que reclamó o los 14.000 millones para una campaña nacional para frenar la adicción al tabaco.
Por otra parte, las empresas implicadas en el caso, que incluyen al mayor fabricante de tabaco del país, Philip Morris USA, su asociada Altria Group Inc., R.J. Reynolds Tobacco Co., British American Tabacco Investments Ltd. y Lorillard Tobacco Co., presentaron recursos a la sentencia de 2006.
En estas apelaciones argumentaban que el Gobierno había utilizado incorrectamente leyes dirigidas contra la mafia y otras organizaciones criminales y justificaban sus declaraciones sobre los riesgos del tabaco en su derecho a la libertad de expresión.
