Las actividades de intermediación de Stanford Group Perú SAB quedaron suspendidas por 30 días como medida preventiva ante las investigaciones sobre su principal accionista abiertas en Estados Unidos, informó hoy la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) de Perú.
La Conasev viene realizando un seguimiento permanente de las actividades de Stanford Group Perú Sociedad Agentes de Bolsa con la finalidad de garantizar que las operaciones de dicho intermediario no se vean afectadas por las investigaciones contra Robert Allen Stanford por un supuesto fraude de 8.000 millones de dólares.
En un comunicado, la entidad supervisora aclaró que la medida "no exime a Stanford Group Perú SAB de cumplir sus compromisos con sus clientes y las obligaciones asumidas en el mercado de valores".
Conasev hizo este miércoles una "visita de inspección" a las oficinas de Stanford Group en Lima, tras lo cual hizo hoy el anuncio de la medida preventiva.
Agregó que ha instruido a la filial peruana de Stanford Group para que mantenga a disposición de sus clientes, nacionales y extranjeros, los canales y medios para atender sus consultas y obtener la información que requieren.
Stanford Group Perú SAB, subsidiaria de Stanford Group de Estados Unidos, es un intermediario que cuenta con autorización de funcionamiento de Conasev para realizar sólo aquellas operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores, precisó la entidad.
En tal sentido, la Conasev subrayó que verificará el cumplimiento de esta medida preventiva y estará atenta al desarrollo de las investigaciones por parte de Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos al propietario de la firma.
La SEC anunció el martes pasado el inicio de un proceso de investigación contra Robert Allen Stanford, principal accionista de la mencionada SAB, y tres de sus empresas (dos de ellas en Estados Unidos y una en Antigua), por un supuesto fraude millonario estimado en 8.000 millones de dólares.
La compañía cuenta además con oficinas en México, Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia, algunas de las cuales han sido sometidas igualmente a procesos de supervisión por parte de las entidad reguladoras de sus respectivos países.
