El contralor general de la República, Federico Humbert, podría darle un giro drástico al pulseo legal que actualmente mantiene confrontados a la Contraloría y la Asamblea Nacional (AN), invocando una medida de sanción en contra de la presidenta del primer órgano del Estado, Yanibel Ábrego, lo que incluso podría terminar con el uso de la fuerza pública.

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Así lo explicó ayer el abogado Víctor Orobio, quien se mostró en contra del intercambio de notas y comunicados públicos de parte y parte: la Contraloría justificando su derecho a ingresar a la sede parlamentaria para realizar auditorías (con el respaldo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia), y la Asamblea resistiéndose a esta intervención, alegando que -a pesar del rechazo de un amparo de garantías- todavía no recibe de la Corte respuesta a una "solicitud de aclaración de sentencia".

Con la pugna plantada, el contralor Humbert apunta a una salida con intervención de la CSJ, instancia a la que ya le remitió una nota quejándose de la actitud "arbitraria y reprochable" de la Asamblea, y pidiendo "medidas con carácter de urgencia".

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Pero el abogado Víctor Orobio explicó a Panamá América que el contralor Humbert ha equivocado el camino.'

15

de mayo el contralor ordenó auditoría a la planilla 080 en la AN, pero no se permitió entrar.

13

de junio, Humbert ordenó reanudar auditorías, pero la AN volvió a impedir el ingreso.

"Lo correcto sería que el contralor [Federico Humbert] le presentara a la presidenta de la Asamblea [Yanibel Ábrego] un proceso de desacato", afirmó el jurista.

Y sustentó su argumentación jurídica citando como antecedente inmediato, sentencia de 13 de septiembre de 2018, donde la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de derechos constitucionales promovido por la diputada Yanibel Ábrego, en su calidad de representante legal de la Asamblea, el cual buscaba impedir el ingreso de personal de la Contraloría para auditar la planilla 080.

"La Corte fue la que dijo que la Contraloría sí podía hacer la auditoría. Entonces la Asamblea lo que está haciendo es desconocer esa orden, y para eso la única vía que yo conozco es presentar un proceso de desacato", explicó el abogado Víctor Orobio.

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Las interrogantes son obligadas: ¿Qué implicaría invocar esta medida de sanción? ¿De qué forma afectaría a la Asamblea o a su presidenta?

Orobio responde: "El desacato es un proceso sumario por medio del cual se obligaría, inclusive con el uso de la fuerza pública, a que la Asamblea cumpla lo dictado por la Corte Suprema de Justicia".

Pero la diputada presidenta, Yanibel Ábrego, y su grupo de asesores jurídicos tienen otra lectura. Y en un comunicado compartido ayer en el sitio web y redes de la Asamblea, ratificaron su decisión de no permitir el ingreso de auditores hasta que la Corte aclare su sentencia donde negó el amparo, "toda vez que del contenido de la misma surgen interrogantes y puntos obscuros".

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Es decir, independiente de las quejas hechas públicas por Humbert, la presidenta Ábrego se muestra inflexible y adelanta su decisión: "Una vez aclaradas las citadas interrogantes y puntos obscuros, la Asamblea Nacional reitera su disposición de colaborar".

Previo a esto, la diputada ha manifestado que detrás de todo está la intención de aplicar un "pase de factura" a la Asamblea, por no aprobar varias designaciones que intentó pasar -sin éxito- el Ejecutivo.

Y la también diputada y abogada, Zulay Rodríguez, recordó que el propio contralor refrendó los respectivos gastos en los que incurrieron, durante este Gobierno y desde la Asamblea, los diputados allegados al presidente Juan Carlos Varela, "y que ahora se quieren poner en la lupa".