Ejecutivo consolida control sobre los poderes del Estado

Luego de lo ocurrido en la mañana de ayer, cuando el diputado prooficialista Rubén De León se reeligió en la presidencia de la Asamblea, con un mayor apoyo de disidentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), que el año pasado, se demuestra el control que tiene el gobierno de Juan Carlos Varela sobre este órgano del Estado, así como del poder judicial.

Ayer, en su discurso al país, Varela se mostró satisfecho por la forma en que la bancada oficialista ha logrado el control de la Asamblea, sin importar las denuncias de transfuguismo que existen en contra de su administración.

De León fue escogido con 49 votos, incluyendo 16 diputados de CD y 14 del PRD, a pesar de que sus bancadas habían postulado a Fernando Carrillo y Jaime Pedrol, respectivamente.

Los oficialistas volvieron a aplicar la fórmula del periodo anterior, y en la primera vicepresidencia, escogieron al panameñista Luis Eduardo Quirós, mientras que en la segunda, se eligió a Yanibel Ábrego, disidente de CD.

Varela indicó que "bajo mi administración hemos demostrado que los respetamos a todos y que estamos dispuestos a trabajar con los 71 diputados".

Esto produjo la alarma entre grupos sociales y de oposición al Gobierno que han calificado de arbitrario el actuar del gobernante, que lo lleva a no respetar la separación de poderes establecida en la Constitución Política.

Sobre el Órgano Judicial, las palabras del mandatario estuvieron dirigidas a acelerar los procesos que se le siguen a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.

Hizo uso de frases como "nadie está por encima de la ley, y los servidores públicos tenemos la obligación de rendir cuentas", así como "no permitiremos más nunca que el poder político se use de manera arbitraria para hacer fortunas", excusando así la agenda judicial que impera en el país.

Además, Varela dijo que corregir las irregularidades del pasado ha tomado más tiempo de lo esperado.

"Entiendo y comprendo las frustraciones de los ciudadanos respecto al sistema de administración de justicia", sostuvo de forma irónica el presidente.

Esto produjo una serie de críticas por voces de la sociedad civil, quienes reprochan dicha actuación.

El abogado y constitucionalista Ernesto Cedeño opinó que "nadie del Ejecutivo debiera entrometerse en lo que hacen los jueces y viceversa".

A su vez, dijo que "hubo diputados que dijeron que votaron a favor de Rubén De León, por tranquilidad. Lo que necesitan es ir a un resort, más bien; mal fundamento".

Por su parte, el exlegis- lador Guillermo Cochez cuestionó: "cuánto costarán esos diputados que cambiaron su voto, 20,000 o unos 30,000 que serían de mucha utilidad para salud y educación".

Cochez denunció que Varela, al destruir instituciones como la Asamblea Nacional, está propiciando el resquebrajamiento del país. "No juguemos con fuego", advirtió.

En tanto, la abogada y comunicadora social Maribel Cuervo De Paredes opinó que "la gobernabilidad del país no puede depender de grupos a los que el país no le importan".

Incluso, el veterano político panameñista Jorge Gamboa Arosemena señaló que al "iniciarse el tercer año del Gobierno, la ecuación es: mismos actores, mismos discursos y argumentos, igual resultado".

El expresidente Ricardo Martinelli expresó que con la continuación del control de la Asamblea por parte del Ejecutivo, perdió Panamá y lo que se conoce como su "democracia".

"La victoria pírrica que tiene Varela, flaco favor le hace y más daño le hará", sostuvo el exmandatario, tras los resultados.

Justicia

Denuncias de presiones, coacción a personas indagadas, abuso de detenciones preventivas a exfuncionarios y proveedores del gobierno anterior y cambios de medidas a favor de estos, dictadas por jueces, evidencian, por otra parte, la intromisión del Ejecutivo en los tribunales y fiscalías del país.

"Que Varela saque las manos de aquí; dejen a esta gente trabajar en libertad, dejen a los funcionarios judiciales que velan por el Estado de derecho", manifestó José Raúl Mulino, quien presentó un amparo de garantías, luego de que un tribunal negara anular parte del expediente sobre el contrato de los radares de la anterior administración con la empresa Finmeccanica, como había dictado inicialmente un juez.

El presidente mandó un mensaje sobre que no le pesará la mano para seguir incidiendo en las decisiones de otros órganos del Estado.

"He venido a fortalecer y respetar las instituciones, pero pueden tener la certeza de que usaré el poder que me atribuye la Constitución y la ley para que las cosas funcionen y se haga justicia", declaró.

Sistema

En un sistema presidencialista, en el que las decisiones del jefe del Ejecutivo pesan sobre las actuaciones de los otros poderes del Estado, no es de extrañar que se viva este tipo de situación.

Toda esta trama se revela a la luz pública, cuando se nombra a la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcel, quien salió directamente del Consejo de Seguridad, en el que se elaboraron los expedientes contra funcionarios de la era Martinelli.

"Parece que estamos viviendo las mejores épocas de la dictadura militar", sostuvo el exviceministro de Gobierno y exmiembro del Partido Panameñista Alejandro Pérez.