Federico Humbert evita enfrentarse a diputados

Como parte de sus aspiraciones electorales, el contralor general de la República, Federico Humbert, busca sacar ventaja política con la reglamentación de los donativos de la Asamblea Nacional, a pesar de las advertencias de inconstitucionalidad, denunciaron algunos críticos.

Humbert ha insistido en beneficiar a los diputados, al señalar que estaría dispuesto a diseñar un nuevo manual para regular las donaciones de la Asamblea, en caso de que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del manual preparado por su despacho.

"Si la Corte falla que es ilegal, al día siguiente preparo otro manual", amenazó Humbert.

La respuesta del contralor es atribuida a sus intenciones de quedar bien con los diputados y no entrar a investigar las posibles faltas en las donaciones, denunció el abogado Miguel Antonio Bernal.

Bernal sostuvo que "el señor contralor no está haciendo otra cosa que eludir responsabilidades y el cumplimiento de la Ley 32 que rige la Contraloría porque no es capaz de cumplir las atribuciones que le corresponden a esta clase de situaciones".

En su artículo 55, la Ley 32 señala que "entre las funciones del contralor está ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas".

Incluso la Constitución Política de Panamá es clara al afirmar en su artículo 280, relacionado a las funciones de la Contraloría, que es el contralor quien debe "llevar las cuentas nacionales".

"Desde que llegó a ese cargo no ha hecho nada, pero ahora, como quiere estar en la danza de los millones con sus amigos diputados, está tratando de pasar agachado para no hacer lo que le corresponde y debe renunciar", denunció Bernal.

Por su parte, Humbert dijo desconocer si está autorizado para investigar la gestión de los diputados y declaró que sería el Ministerio Público el que deba solicitar una auditoría en la Asamblea, y para ello ha enviado notas a la Corte y al procurador de la administración.

No obstante, para el abogado Bernal, "estas serían excusas y pretextos para evadir sus responsabilidades", pues "la ley lo autoriza para hacer eso y más; nunca antes hubo en Panamá un contralor tan incapaz".

En este sentido, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima manifestó que es deber del contralor, por mandato constitucional, entrar a fiscalizar el uso de los fondos públicos y todos los dineros públicos, entre ellos, los que se asignan a la Asamblea Nacional para supuestamente apoyar a personas humildes.

A su vez, el abogado Ernesto Cedeño planteó: "Si tú analizas eso, con la versión del contralor de que no tiene que investigarlos a ellos, y que fuera el Ministerio Público, le resta fortaleza porque las auditorías debiera hacerlas el contralor". "Es como no hacer una investigación profunda para decir que no hubo resultados", indicó.

Incluso cuando ya otros entes fiscalizadores han pedido a la Corte Suprema declarar como inconstitucional el reglamento para otorgar donaciones de la Asamblea Nacional.

Este sería el caso de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien pidió declarar inconstitucional el decreto 441-2016-DMySC del 25 de octubre de 2016, de la Contraloría, que aprueba el documento titulado "Requisitos y controles para otorgar apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá".

Por otro lado, ayer el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó a la Contraloría auditar las donaciones y contratos en la Asamblea Nacional durante los años 2014, 2015 y 2016.

Mientras, la diputada Ana Matilde Gómez explicó que la Contraloría nunca debió reglamentar las donaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas debió eliminarlas.

Gómez también aseveró que "todo donativo es ajeno a la función propia de la Asamblea".