Según la defensa de Ricardo Martinelli, la ley permite que los privados de libertad puedan recibir atención en un centro privado, si lo pueden costear.
Presidente Juan Carlos Varela. Foto/Víctor Arosemena
Prácticas que en el pasado eran propias de un sistema antidemocrático han sido retomadas por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en contra de opositores políticos y productores, quienes exigen al Ejecutivo políticas públicas para mejorar la crisis que vive este sector.
En la madrugada de ayer, en medio de empujones y medidas de fuerza, se forzó la salida del expresidente de la República Ricardo Martinelli de las instalaciones del Hospital Nacional, donde estaba recluido con autorización del Sistema Penitenciario para hacerse una serie de exámenes médicos.
Las arbitrariedades en contra de Martinelli coinciden con una serie de arrestos a productores dados igualmente en la madrugada de ayer en las provincias de Los Santos, Veraguas y Herrera, lo que confirma las amenazas de Varela en contra de todo aquel que atente no solo contra la integridad de las autoridades, sino de todos los panameños.
En videos que circulan en redes sociales se ve cómo estos productores fueron buscados en sus casas, arrestados y llevados para ser procesados ante las autoridades competentes.
El Gobierno justificó estas acciones a través del ministro de Seguridad, Jonhatan del Rosario, quien manifestó que ellos no sabían cómo iban a reaccionar estos productores al momento de su detención y por ello se tuvo que aplicar los mecanismos necesarios de seguridad.
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Del Rosario agregó que el día que se dieron las protestas en el área de Divisa los productores contaban con machetes, equipos agrícolas, etc., por lo que se tuvo que realizar las detenciones de esta manera.
Ante estas detenciones, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) señaló mostrar preocupación por lo sucedido y no descartan que haya intimidación del Gobierno Nacional.
Lo llamativo de las acciones en contra del exmandatario es que el mismo se encontraba en este hospital privado con un permiso especial del propio Sistema Penitenciario, el cual accedió a una solicitud hecha por su defensa.
De acuerdo con la defensa de Martinelli, la medida arbitraria de su traslado hacia el Santo Tomás fue dada por el viceministro de Salud, Eric Ulloa, lo que dejó sin efecto el documento emitido por el director general del Sistema Penitenciario, Etéreo Armando Medina, mediante el cual se ordenaba el traslado y hospitalización de Martinelli en este nosocomio.
'A la 1:43 de la madrugada, la ex primera dama Marta Martinelli se enfrentó al contingente de policías que la abordó mientras sacaban a la fuerza al expresidente Martinelli del Hospital Nacional', denunció el vocero del exdiputado del Parlacen, Luis Eduardo Camacho.
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En videos filmados por allegados, familiares y copartidarios del exmandatario se ve cómo este es trasladado por cantidad de miembros de la Policía Nacional, quienes lo tapaban con sábanas blancas para que no fuera visto.
"Me quieren matar", gritaba el expresidente Martinelli en el Hospital Nacional, luego de que unidades de la Policía intentaron sacarlo a la fuerza y llevarlo al Santo Tomás.
Seguido de esto, a eso de las 4 a.m. los policías lograron su cometido y trasladaron al expresidente al Hospital Santo Tomás.
Esto a pesar de que dos horas después, a las 6 a.m. el exmandatario tenía una cita en este hospital privado.
Cuando el expresidente fue admitido en el Hospital Nacional para los exámenes especializados ordenados por los médicos, su presión era 180 sobre 120 y palpitaciones en 110 con arritmias.
Frente a esto, su defensa alega que la única justificación para la acción que se dio posteriormente y en la madrugada es causarle estrés al exmandatario y poner su vida en peligro.
Ante esto, Marta Linares de Martinelli señaló que el exmandatario tiene derecho como cualquier detenido de que le permitan su atención de salud.
"Lo que están haciendo hoy (madrugada de ayer), cada uno tendrá que responder si le pasa algo porque lo han alterado', agregó la ex primera dama.
Linares de Martinelli responsabilizó directamente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de los hechos ocurridos en contra del expresidente.
Marta de Martinelli: "hay personas arrastradas. Hay un médico apellido Labrador que se presta para actuar arbitrariamente, poniendo en riesgo la vida del expresidente Ricardo Martinelli". #NexNoticias pic.twitter.com/trMyqhWAUm— Nex Noticias (@nexnoticias) 21 de diciembre de 2018
Ante esto, el abogado Roniel Ortiz anunció que actuarán legalmente por las reiteradas violaciones de derechos y abusos a los que ha sido sometido el exmandatario desde su extradición a Panamá.
Por su parte, el abogado Carlos Carrillo manifestó que seguirán en defensa de los derechos de Martinelli.
Roberto Troncoso, expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, indicó que no le gustó lo visto la madrugada de ayer en el Hospital Nacional.
A su juicio, pareciera que lo que se está dando es un encuentro entre dos autoridades, la del penal y la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual todavía tiene a su cargo al expresidente hasta tanto no salga el fallo firmado en el que se confirma que se declina la competencia.
"Pareciera que hay un nivel de contradicción en cuanto al nivel de autoridad de quién está ahora a cargo de la disposición del expresidente Ricardo Martinelli", indicó Troncoso.
Tratando de justificar las arbitrariedades cometidas contra Martinelli, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el cual señaló que el exmandatario rehusó realizarse los exámenes médicos que se habían programado a petición de abogados de la defensa, motivo por el cual se dio el traslado al Santo Tomás en horas de la madrugada de ayer viernes.
Ante el comunicado del Ministerio de Gobierno, Carlos Carrillo -coordinador de la defensa del expresidente- manifestó que esta institución miente y tienen las pruebas en las condiciones en que el doctor Leonardo Labrador ordenó el traslado y se hizo responsable de este.
Carrillo añadió que lamenta la práctica del uso de pasamontañas y sábanas por parte de la Policía Nacional para encubrir actos abiertamente ilícitos.
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