La operadora de la central de Fukushima Daiichi, TEPCO, solicitó hoy aportaciones de fondos públicos de 1 billón de yenes (más de 9.000 millones de euros) para evitar su insolvencia, informó la agencia Kyodo.
Está cantidad, que podría hacerse efectiva en el mes de julio, servirá para sostener las finanzas de TEPCO, que además de indemnizar a los afectados por el accidente nuclear debe costear las operaciones de emergencia en la central y cubrir los costes extraordinarios que supone generar energía térmica, en lugar de nuclear.
La petición de fondos supone el inicio del proceso para que la eléctrica, la mayor de Japón, pase a estar temporalmente bajo control estatal, aunque aún se desconoce a cuánto ascenderá la participación en poder del Estado a cambio de la inyección.
Tampoco se ha confirmado quién sustituirá al actual presidente del grupo, Tsunehisa Katsumata, que tiene previsto dimitir en los próximos meses, previsiblemente tras una reunión de accionistas fijada para junio.
Por otra parte, TEPCO también busca una asistencia financiera adicional de 845.900 millones de yenes unos (7.680 millones de euros) para pagar las indemnizaciones relacionadas con la crisis nuclear, que mantiene evacuadas a 80.000 personas en un radio de 20 kilómetros en torno a la central.
De aprobarse, la cantidad total facilitada a TEPCO para cubrir las compensaciones se elevaría a más de 2,4 billones de yenes (unos 21.800 millones de euros), proporcionados a su vez por un fondo paraestatal.
El accidente en la planta nuclear de Fukushima, causado por el tsunami que asoló el noreste nipón en marzo de 2011, ha causado serios daños en la economía, agricultura y pesca de la región, además de decenas de miles de desplazados.
Los reactores de la central se encuentran en "parada fría" desde finales del año pasado, pero se calcula que retirar el combustible dañado y desmantelarlos puede llevar cuatro décadas.
