Familiares y amigos del periodista, profesor y opositor dominicano Narciso González, aseguraron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que su desaparición forzada, en 1994, constituye un "crimen político de Estado".
Los jueces interamericanos escucharon este martes en audiencia pública a varios testigos del caso, que describieron cómo era González y narraron las circunstancias de su desaparición, cuando tenía 52 años, el 26 de mayo de 1994, durante el último Gobierno del presidente dominicano Joaquín Balaguer (1906-2002).
La primera en declarar fue Altagracia Ramírez, la esposa de González, quien con lágrimas en los ojos contó a los jueces la historia de la desaparición de su compañero y el posterior proceso judicial emprendido sin resultados positivos hasta la fecha.
Ramírez destacó que luego de 17 años de búsqueda, lo único que ella y sus cuatro hijos esperan de la Corte es "que se haga justicia", para que puedan finalmente conocer qué pasó con su marido y dar con sus restos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en el resumen de la acusación contra el Estado dominicano que la desaparición de González fue una consecuencia directa de sus posturas políticas, especialmente por sus denuncias de fraude electoral en contra de Balaguer, quien gobernó República Dominicana en los períodos de 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.
La CIDH detalló que, además, el Estado ha alterado pruebas y documentos relacionados al caso, se ha negado a investigar a los responsables, y que este asunto constituye una afrenta a la libertad de expresión.
González fue un férreo opositor de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961), y posteriormente del Gobierno de Balaguer, a quien acusó públicamente de cometer fraude electoral con el Ejército y las fuerzas armadas como cómplices.
Una noche antes de su desaparición, pronunció un fuerte discurso en contra del Ejecutivo de Balaguer, luego hacer un llamado a la desobediencia civil durante una Asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era profesor.
Su amigo y también docente en la misma universidad, Mario Suriel, declaró este martes que lo sucedido a su colega había sido claramente un "crimen político de Estado", debido a la influencia popular que González tenía en República Dominicana.
Suriel, quien integra una Comisión de la Verdad formada por ciudadanos para investigar el caso, denunció ante los jueces que el Estado nunca ha tenido un verdadero interés por esclarecer los hechos y que, por el contrario, ha sido este grupo civil el que ha encontrado la mayoría de la información disponible.
El docente reveló había recibido informes confidenciales de militares que presuntamente supieron de la muerte de González, pero que esto nunca ha podido salir a la luz pública.
Altagracia Ramírez respaldó el reclamo de Suriel, asegurando que a pesar de que se integraron algunas comisiones gubernamentales especiales, éstas han contado con la participación del Ejército, por lo que los resultados en la búsqueda de su esposo han sido nulos.
Los familiares de la presunta víctima son representados en el juicio por los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mientras que el Estado dominicano está representado por el procurador General, Bolívar Sánchez y otros agentes oficiales.
Para la subdirectora de CEJIl, Ariela Peralta, "este caso presenta una oportunidad única para que la Corte se exprese acerca de la impunidad dominante en República Dominicana para crímenes ocurridos bajo la dictadura militar".
"Su decisión tendrá un efecto sustancial sobre la participación de grupos castrenses en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones", añadió Peralta.
La audiencia pública de este caso ante la CorteIDH concluirá mañana en la sede del tribunal en Costa Rica, cuyos jueces podrían emitir un fallo este año.
