La crisis política de Honduras abre un nuevo capítulo con el juicio contra los militares
La decisión de la Fiscalía de Honduras de abrir un juicio contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del presidente Manuel Zelaya abrió un nuevo capítulo en la crisis hondureña, cuando el Parlamento está a punto de aprobar una amnistía política.
La Fiscalía General del Estado también ha pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se dicte orden de captura contra la cúpula castrense que encabeza el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, quien dice que los militares han actuado "en el marco de la Constitución y las leyes".
Para algunos sectores que condenan el golpe de Estado del 28 de junio pasado, el anuncio de someter a juicio y pedir orden de captura contra los militares es una acción enmarcada en ley, aunque con "dedicatoria" para evitar que los jerarcas castrenses puedan ser llevados a un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad.
Los quince magistrados de la CSJ decidieron hoy por unanimidad que el juez que llevará el caso contra los seis altos militares que integran la Junta de Comandantes será el presidente del mismo poder judicial, Jorge Rivera.
La resistencia popular que condena el golpe de Estado y exige la restitución de Zelaya considera que si el poder judicial respaldó la ruptura del orden constitucional, no puede salir ahora condenando a los militares.
El secretario general del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, dijo a Efe que la acción de la Fiscalía es un "espectáculo sin ninguna credibilidad" y lo están haciendo "para justificar la aprobación de la amnistía" en el Parlamento la próxima semana.
El Parlamento discutirá a partir del próximo lunes la aprobación de una amnistía por delitos políticos, paraguas que, según el secretario del Legislativo, el diputado del gobernante Partido Liberal Carlos Lara, podrán tomar los involucrados en la crisis por la destitución de Zelaya "cuando lo consideren oportuno".
Para el analista Manuel Torres, el juicio contra los militares y la petición de una orden de captura "es una maniobra legal con un final anticipado".
Esa maniobra, "al mismo tiempo, trata de prevenir futuras demandas internacionales", explicó Torres, quien resaltó que "de hecho el Ministerio Público actúa sabiendo que vendrá una amnistía y que posiblemente será muy general".
La acusación contra los militares no incluye delitos que registran organismos de derechos humanos como detención ilegal, torturas, abuso de autoridad, persecución y la muerte de varias personas, entre otras violaciones atribuidas por esos grupos a los cuerpos de seguridad del Estado por presuntos motivos políticos.
Zelaya, quien desde el 21 de septiembre está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su regreso clandestino al país, considera que la petición de la Fiscalía a la CSJ tiene como objetivo "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, cuando los uniformados lo derrocaron y expulsaron hacia Costa Rica.
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo el miércoles Zelaya, quien hoy afirmó en un comunicado que lo que se busca es la "impunidad" para los militares.
La petición de la Fiscalía a la CSJ hecha ayer coincidió con el fin de la visita del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Craig Kelly, cuyo objetivo era enfatizar el apoyo de ese país al Acuerdo Tegucigalpa-San José, según la embajada estadounidense en la capital hondureña.
Además, de acuerdo con la misma fuente, Kelly les reiteró a Zelaya, al presidente electo, Porfirio Lobo, y al de facto, Roberto Micheletti, que "Estados Unidos cree que aún queda importante trabajo por hacer para restablecer el orden democrático y constitucional en Honduras".
El Frente de Resistencia restó hoy importancia a la visita de Kelly, porque, según Juan Barahona, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado antes, durante y después, lo que consideró como el "papel sucio que siempre jugó" Washington en el país centroamericano.
La crisis en Honduras sigue sin resolverse a menos de tres semanas de que asuma Porfirio Lobo, el próximo 27 de enero, cuando finaliza el mandato de cuatro años de Zelaya.
La Fiscalía General del Estado también ha pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se dicte orden de captura contra la cúpula castrense que encabeza el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, quien dice que los militares han actuado "en el marco de la Constitución y las leyes".
Para algunos sectores que condenan el golpe de Estado del 28 de junio pasado, el anuncio de someter a juicio y pedir orden de captura contra los militares es una acción enmarcada en ley, aunque con "dedicatoria" para evitar que los jerarcas castrenses puedan ser llevados a un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad.
Los quince magistrados de la CSJ decidieron hoy por unanimidad que el juez que llevará el caso contra los seis altos militares que integran la Junta de Comandantes será el presidente del mismo poder judicial, Jorge Rivera.
La resistencia popular que condena el golpe de Estado y exige la restitución de Zelaya considera que si el poder judicial respaldó la ruptura del orden constitucional, no puede salir ahora condenando a los militares.
El secretario general del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, dijo a Efe que la acción de la Fiscalía es un "espectáculo sin ninguna credibilidad" y lo están haciendo "para justificar la aprobación de la amnistía" en el Parlamento la próxima semana.
El Parlamento discutirá a partir del próximo lunes la aprobación de una amnistía por delitos políticos, paraguas que, según el secretario del Legislativo, el diputado del gobernante Partido Liberal Carlos Lara, podrán tomar los involucrados en la crisis por la destitución de Zelaya "cuando lo consideren oportuno".
Para el analista Manuel Torres, el juicio contra los militares y la petición de una orden de captura "es una maniobra legal con un final anticipado".
Esa maniobra, "al mismo tiempo, trata de prevenir futuras demandas internacionales", explicó Torres, quien resaltó que "de hecho el Ministerio Público actúa sabiendo que vendrá una amnistía y que posiblemente será muy general".
La acusación contra los militares no incluye delitos que registran organismos de derechos humanos como detención ilegal, torturas, abuso de autoridad, persecución y la muerte de varias personas, entre otras violaciones atribuidas por esos grupos a los cuerpos de seguridad del Estado por presuntos motivos políticos.
Zelaya, quien desde el 21 de septiembre está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su regreso clandestino al país, considera que la petición de la Fiscalía a la CSJ tiene como objetivo "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, cuando los uniformados lo derrocaron y expulsaron hacia Costa Rica.
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo el miércoles Zelaya, quien hoy afirmó en un comunicado que lo que se busca es la "impunidad" para los militares.
La petición de la Fiscalía a la CSJ hecha ayer coincidió con el fin de la visita del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Craig Kelly, cuyo objetivo era enfatizar el apoyo de ese país al Acuerdo Tegucigalpa-San José, según la embajada estadounidense en la capital hondureña.
Además, de acuerdo con la misma fuente, Kelly les reiteró a Zelaya, al presidente electo, Porfirio Lobo, y al de facto, Roberto Micheletti, que "Estados Unidos cree que aún queda importante trabajo por hacer para restablecer el orden democrático y constitucional en Honduras".
El Frente de Resistencia restó hoy importancia a la visita de Kelly, porque, según Juan Barahona, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado antes, durante y después, lo que consideró como el "papel sucio que siempre jugó" Washington en el país centroamericano.
La crisis en Honduras sigue sin resolverse a menos de tres semanas de que asuma Porfirio Lobo, el próximo 27 de enero, cuando finaliza el mandato de cuatro años de Zelaya.
