Trabajadores del canal de televisión Globovisión exigieron hoy en una manifestación que la justicia anule la multa de 2,1 millones de dólares que el pasado octubre le impuso la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Decenas de periodistas, camarógrafos y otros trabajadores de la emisora privada exigieron ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en el centro de Caracas, que se responda a los recursos de amparo cautelar presentados por los abogados de la emisora, cuya línea editorial es crítica con el Gobierno.
La multa hace peligrar las plazas de trabajo, porque es por un monto "impagable", subrayaron.
Globovisión afirma ser víctima de una "persecución política" por parte del Gobierno de Hugo Chávez, que niega tal extremo.
El gobernante dijo el pasado 14 de noviembre que la millonaria sanción impuesta a Globovisión "se quedó corta" porque, según dijo, hubo una deliberada intencionalidad de "sembrar el pánico" entre la población por parte del canal.
Conatel multó a Globovisión por el tratamiento noticioso que dio a la crisis penitenciaria en la cárcel caraqueña El Rodeo en junio pasado.
El presidente de Conatel, Pedro Maldonado, indicó entonces que investigaciones a cargo de su despacho determinaron "incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico", "apología (a la violencia) y alteraciones de orden publico" y "fomento a la zozobra en la ciudadanía".
Para ese organismo "se demostró el odio y la intolerancia por razones políticas", según Maldonado, quien dio cuenta de que la sanción equivale al 7,5 % de los ingresos brutos del canal durante 2010.
El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, ha denunciado desde Estados Unidos que la sanción busca "asustar" para llevar al canal a la autocensura y garantizó que, de ser necesario, conseguirá los recursos para pagar la multa.
"Ahí sigue el canal diciendo y haciendo lo que le da la gana y él (Zuloaga) desde allá (Estados Unidos), huyendo de la justicia, atacando y atacando y buscando la forma de desestabilizar", añadió Chávez al recordar que contra el también empresario automotriz pesa una orden de detención desde junio de 2010 por un caso de presunto acaparamiento de automóviles y usura en su venta.
