Un año después del inicio del juicio de expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans el proceso sigue paralizado, mientras el nombramiento de un nuevo titular del cuerpo de abogados del Estado argentino abre un nuevo capítulo en el conflicto.
Luego de que el Parlamento aprobó en diciembre de 2008 una ley que autorizaba al Estado a nacionalizar a Aerolíneas, a inicios de febrero de 2009 la Procuración del Tesoro de Argentina -cuerpo de abogados del Estado- inició la demanda para un juicio de expropiación que, según las leyes, debía ser "sumarísimo".
El juicio fue iniciado por el entonces procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, quien dimitió la semana pasada y fue reemplazado por Joaquín Da Rocha, quien hoy presta juramento en su nuevo puesto y deberá asumir la representación del Estado argentino en este y otros casos.
"La causa todavía está en curso", confirmaron a Efe fuentes de Aerolíneas Argentinas sobre el trámite de expropiación abierto ante el juzgado 6 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Desde Marsans ratificaron que "el juicio está prácticamente parado" y que aún el juzgado "no empezó a actuar ni hubo contestación de demanda".
"No se movió el trámite. Está parado por el juzgado, que no lleva adelante el tema y que tal vez no tenga los elementos para llevar adelante el juicio porque quien tiene que mover el proceso es el procurador del Tesoro", dijo a Efe Jorge Molina, adjunto a la presidencia de Marsans y representante del grupo en Argentina.
El nulo avance en el juicio no le impide al Estado ejercer pleno derecho de gestión sobre la empresa porque la norma sobre expropiación así lo garantiza.
Según esta ley, la expropiación de Aerolíneas deberá hacerse a un precio de la empresa que deberá establecer el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya calculó que la compañía tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un valor simbólico de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, determinó en 2008 el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
Tampoco ha avanzado la demanda que Marsans inició en diciembre de 2008 contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
Allí ni siquiera se ha conformado el tribunal, pues Argentina ha impugnado a los jueces propuestos por el CIADI.
Una vez que se conforme el tribunal, lo que podría concretarse en marzo próximo, se iniciará la etapa de análisis del daño económico, que según los abogados del grupo español oscila entre 800 y 1.200 millones de dólares.
Hace un año Marsans se mostraba dispuesto a retirar su demanda ante el CIADI si Argentina se hacía cargo de parte de un millonario contrato firmado en 2007 por el grupo español con el fabricante europeo Airbus para proveer de aviones a Aerolíneas y Air Comet.
Pero el Gobierno de Cristina Fernández nunca llegó a un acuerdo con Airbus y Marsans entró en quiebra por no poder afrontar el contrato con el fabricante europeo ni saldar deudas con otros acreedores.
En tanto, aunque Aerolíneas Argentinas continúa siendo deficitaria y demanda millonarios subsidios del Estado para operar, al menos ha iniciado la renovación de su desvencijada y anticuada flota.
Entre junio y enero pasado la compañía incorporó once aviones Boeing 737-700 y este mes sumará otro, con un total de dos aparatos comprados y el resto incorporados bajo el sistema de alquiler con opción a compra.
Además, a partir de mediados de este año, está previsto que Austral, subsidiaria de Aerolíneas para vuelos domésticos, sume aviones fabricados por la brasileña Embraer.
