El mayor retirado uruguayo Manuel Juan Cordero, acusado de participar en la "Operación Cóndor" de las dictaduras suramericanas en los años setenta, pasó hoy por exámenes médicos en Brasil y luego fue trasladado a la ciudad de Uruguaiana para su extradición a Argentina, informaron medios locales.
Cordero, quien había apelado el lunes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para evitar su extradición a Argentina, fue trasladado hoy a la ciudad fronteriza de Uruguaiana para ser entregado a las autoridades argentinas, según informaciones de la cadena Globo.
El ex militar, que pasó los últimos seis meses recluido en prisión domiciliaria en Santana do Livramento, en la frontera con Uruguay, fue sacado de su casa por agentes de la Policía Federal del estado de Río Grande do Sul y remitido al Centro Hospitalario Santanense antes de ser trasladado hasta Uruguaiana.
Arrestado en Brasil en 2007, Cordero presentó un recurso para interrumpir el proceso de extradición puesto que entiende que se le debería aplicar la ley de amnistía de Brasil, de 1979, por la cual se perdonaron los crímenes de la dictadura en este país.
El STF, la máxima corte del país, aprobó el pasado agosto la extradición del militar a Argentina, donde se le acusa de la desaparición de diez personas, el secuestro de un bebé y de 32 casos de torturas contra detenidos en 1976 en un centro clandestino.
La extradición también fue inicialmente solicitada por Uruguay, pero este pedido fue rechazado porque los crímenes fueron cometidos en Argentina.
En enero, los abogados de Cordero presentaron dos recursos de hábeas corpus, uno para intentar anular el juicio de extradición y otro para que se le permita trasladarse a la ciudad brasileña de Porto Alegre, la capital regional, para someterse a una operación cardiaca.
La defensa alega que el militar no ha sido acusado formalmente en ningún tribunal de Argentina y que, en la solicitud de extradición, se omitió el compromiso de no aplicarle la pena perpetua, lo que incumpliría los tratados entre ambos países, puesto que en Brasil la pena máxima es de treinta años de prisión.
La ley de la Amnistía a la que intenta acogerse Cordero está siendo debatida precisamente en la Corte Suprema a pedido de la Orden de los Abogados de Brasil, y podría ser derogada.
El texto perdonó todos los crímenes con motivación política, lo que dejó impune al aparato de represión del régimen militar y también permitió el regreso al país de los exiliados políticos.
El Gobierno de Brasil tiene previsto instalar en los próximos meses una Comisión de la Verdad, para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período dictatorial (1964-1985).
