El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la victoria en las urnas el pasado julio del diputado electo izquierdista Julio César Godoy Toscano, acusado por las autoridades de pertenecer al cartel de La Familia y sobre quien pesa una orden de captura.
En una decisión adoptada el jueves por la sala regional de Toluca que afectaba al Distrito 1 del occidental estado de Michoacán el organismo, máxima instancia jurisdiccional en materia de elecciones en México, confirmó la victoria de Godoy Toscano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había impugnado el resultado que dio como ganador a Godoy Toscano en las pasadas elecciones legislativas del 5 de julio para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados.
Según un comunicado del TEPJF, "ni en los argumentos de la parte demandada ni en las pruebas aportadas por ésta, se alegan ni prueban cuestión alguna respecto a la posible inelegibilidad de Godoy Toscano".
El tribunal aclara que su decisión no entra a valorar si Godoy Toscano "está suspendido o no de sus derechos políticos" debido que "a la fecha no se cuenta con notificación judicial sobre una situación jurídica diversa".
"Por tanto en el estado legal en que actualmente se encuentra, no corresponde a este Tribunal Constitucional señalar las circunstancias como una posible afectación a su condición política", agrega el alto tribunal, que abre de este modo la vía a que Godoy Toscano tome posesión de su cargo el próximo 1 de septiembre.
El pasado 24 de julio el Congreso mexicano recibió del Instituto Federal Electoral (IFE) la constancia que acreditaba la victoria de Godoy Toscano en las urnas, misma que ahora reafirma el Tribunal Electoral.
Godoy Toscano es medio hermano del gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y según las autoridades está relacionado con el cartel de La Familia Michoacana, uno de los más peligrosos del país.
Esta organización criminal habría logrado infiltrar a altos funcionarios de esa localidad, incluidos el fiscal estatal, jefes policiales y varios alcaldes.
Los nuevos legisladores asumirán sus nuevas responsabilidades en septiembre y tienen como límite las diez primeras sesiones para validar, con su presencia en el Congreso, sus cargos.
