Un juzgado de Lima declaró hoy la nulidad de todo lo actuado en un proceso por presunta difamación seguido contra la alcaldesa electa de Lima, Susana Villarán, y ordenó que la causa vuelva a cero en otro tribunal.
La decisión fue tomada por el 26 Juzgado Penal de Lima, que aceptó en parte un pedido de anulación de la defensa de Villarán, quien asumirá la alcaldía de Lima en enero próximo.
El abogado de la alcaldesa electa, Carlos Rivera, señaló a los periodistas que el juez ha ordenado que el juicio "subsista y que sea remitido al juzgado en el que se originó el proceso penal, es decir, el 36 Juzgado".
Rivera señaló que su defensa fue exitosa "de manera parcial", pero consideró que el proceso debió archivarse de manera definitiva.
"El juez tenía el poder y no lo ha hecho, está pendiente una decisión de fondo del caso y está vigente el riesgo de una condena contra Susana Villarán", alertó.
Villarán fue enjuiciada por el ex congresista Jorge Mufarech por haber publicado en su blog de Internet un artículo en el que recordaba la denuncia que ella y otras personas presentaron en 2004 en su contra por presunta corrupción cometida cuando fue ministro de Trabajo del entonces presidente Alberto Fujimori.
Mufarech acusó a Villarán del delito de difamación -agravada con la publicación de su artículo- al presuntamente vincularlo con los delitos de contrabando, encubrimiento personal y omisión de denuncia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el lunes pasado su preocupación porque en Perú existan procesos contra personas como la alcaldesa que, según señaló el organismo, "se han limitado a hacer denuncias o a manifestar opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos".
Tras conocer la decisión judicial, Villarán manifestó hoy su alegría y recordó que en Perú no existe el delito de opinión.
"Estoy segura de que el Poder Judicial va a atender lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hace dos días, en el sentido de que no se pueden utilizar delitos como la difamación para acallar el escrutinio sobre personas que han ejercido función pública", manifestó.
