Tres de cada diez guatemaltecos son víctimas de extorsión en este país, donde ese delito les genera a los pandilleros unos 8,75 millones de dólares anuales, aseguró hoy la viceministra de Apoyo Comunitario del Ministerio del Interior, Lorena Guerra.
La funcionaria sostiene que los pandilleros perciben unos 70 millones de quetzales anuales (8,75 millones de dólares) por las extorsiones a viviendas, comercios y el transporte público de pasajeros.
En lo que va del 2010, se han recibido 3.601 denuncias sobre casos de extorsiones, y de ese total 2.387 se han registrado en el departamento de Guatemala, que incluye la capital, según Guerra.
En este año han sido desarticulados 27 grupos que se dedicaban a ese delito y detenidas 344 personas, según las estadísticas oficiales.
El 80 por ciento de las extorsiones son cometidas al azar desde el interior de las cárceles a través de teléfonos celulares, de acuerdo con Guerra.
Con el fin de frenar ese flagelo en Guatemala, el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia y el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) de la Presidencia pusieron en marcha una campaña para prevenir y alertar a la población para que no sea víctima de extorsiones.
El coordinador del CAS, Fernando Girón, explicó a periodistas que para contrarrestar la extorsión, es necesario que la persona que es hostigada apague su teléfono y denuncie el hecho a las autoridades.
La campaña, a través de mensajes en los medios de comunicación, alerta a la ciudadanía para que no proporcione datos personales ni familiares, que mantenga un perfil financiero bajo, que no conteste llamadas de números telefónicos desconocidos y que no pague la extorsión.
El fiscal guatemalteco contra el Crimen Organizado, Rony López, calificó de importante la medida porque de esa forma la población colaborará con las autoridades para investigar este flagelo.
López dijo que en Guatemala hay muchas personas que no denuncian las extorsiones por temor a represalias.
El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, por su lado, dijo que el Gobierno propondrá a las empresas de telefonía móvil regular la compra y venta de celulares como una medida para erradicar las extorsiones a través de ese medio.
Según Espada, la idea es que los teléfonos tengan nombre y apellido para que las autoridades tengan la identificación del propietario del aparato.
