Un centenar de organizaciones sociales, asociaciones de productores y partidos políticos entregó hoy a los senadores argentinos una declaración conjunta que reclama la "urgente sanción" de una ley de protección de glaciares, que ya aprobó la Cámara de Diputados en agosto pasado.
El Senado argentino prevé debatir este mes el proyecto de ley, que incluye restricciones a actividades económicas como la minería, después de que la Cámara de Diputados la aprobara con modificaciones en agosto.
"La ley no va en contra de la minería sino que busca proteger y conservar los glaciares. La minería no desaparecerá pero sí estará limitada", explicó a Efe Hernán Giardini, de la organización ambientalista Greenpeace, incluida en el documento.
Los firmantes consideraron que "existe un consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor fundamental" que tienen los glaciares como "reservas de agua dulce" y sobre la "imperiosa necesidad" de protegerlos frente a "actividades que pudieran producir daños irreversibles", según un comunicado difundido por los responsables de la campaña "Los glaciares no se tocan".
Las entidades mostraron nuevamente en el texto su conformidad con la ley aprobada por los diputados, ya que "contiene todos los elementos necesarios para establecer un régimen eficaz de protección" de los glaciares argentinos y de "un sistema de monitoreo" de éstos.
La ley aprobada con modificaciones por los Diputados incluye una declaración de los glaciares como "bienes de carácter público" y la protección de áreas de hielo en la media y baja montaña, lo que ha despertado la oposición de sectores mineros y de algunos gobernadores de provincias ricas en recursos naturales.
La legislación prohíbe en los glaciares y su periferia "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen".
También veda específicamente "la exploración y explotación minera e hidrocarburífera" y la "instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales".
Distintos gobernadores provinciales participaron hoy en las comisiones que preparan el pleno del Senado para debatir, a fines de mes, el proyecto de ley que, según Giardini, estará "presionado" por la industria minera.
El dirigente ambiental consideró asimismo que si el debate en el Senado es postergado, los gobiernos provinciales elaborarán sus propias leyes para "protegerse" ante la legislación nacional.
La iniciativa aprobada en agosto por los diputados fue fruto de consenso entre el senador oficialista Daniel Filmus y el diputado opositor Miguel Bonasso, quienes impulsaban dos proyectos diferentes para la protección de los glaciares.
Filmus había ideado un proyecto propio cuando hace dos años la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetara una ley de protección de glaciares impulsada por Bonasso -hasta ese entonces oficialista- y aprobada por ambas cámaras del Parlamento.
La mandataria vetó aquella ley alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas acusaron al Gobierno de haber vetado la ley para proteger los proyectos de la minera canadiense Barrick Gold, en particular el proyecto Pascua Lama, situado en la alta montaña.
