El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, y el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas, John Morton, darán detalles hoy de las causas abiertas en Estados Unidos contra cabecillas y miembros de las bandas mexicanas de contrabando de drogas.
Recientemente el gobierno de Estados Unidos lanzó acciones coordinadas contra el llamado Cartel del Golfo y el grupo Los Zetas, que resultaron en numerosas acusaciones judiciales contra los miembros más prominentes de esas organizaciones delictivas.
Uno de los acusados fue Miguel Treviño Morales, cabecilla de Los Zetas, un grupo que incluye a ex miembros de un destacamento de fuerzas especiales de las fuerzas armadas mexicanas que se alió luego con traficantes de droga y ahora opera su propia red de tráfico de sustancias ilegales, armas y personas.
Las agencias policiales estadounidenses han bautizado la alianza del Cartel del Golfo y Los Zetas como "la Compañía".
Además de Treviño también han sido acusados recientemente ante tribunales federales de Estados Unidos por crímenes relacionados con el tráfico de drogas Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, Heriberto Lazcano Lazcano y otros.
El gobierno estadounidense ha anunciado recompensas que suman hasta 50 millones de dólares por la información que conduzca a la captura de 10 de los acusados, incluidos los cuatro designados especialmente como "cabecillas de la droga" por el Departamento del Tesoro.
Esta semana el Departamento de Estado ha enviado al Congreso de EE.UU. su informe sobre los avances en materia de derechos humanos en México y expresó confianza en que liberará pronto los fondos para la Iniciativa Mérida.
El asunto apremia porque está en juego el 15 por ciento de los fondos destinados a la Iniciativa Mérida, un plan de seguridad regional aprobado en 2007 que proporciona 1.400 millones de dólares para la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en México, Centroamérica y el Caribe.
El Senado de EE.UU. ya aprobó en junio pasado la primera partida de apoyo a México por unos 420 millones de dólares.
La ley federal permite que el Congreso retenga el 15 por ciento de los fondos hasta que el Departamento de Estado informe sobre los avances en materia de derechos humanos.
